Ordenan analizar el teléfono de Alberto Fernández en la causa de los seguros

El contenido del celular de Alberto Fernández, que fue incautado hace meses por una causa de violencia de género iniciada por su ex pareja, Fabiola Yañez, podría convertirse ahora en una pieza clave en otra investigación judicial que mantiene en vilo al ex mandatario: la causa que indaga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión.

El juez Sebastián Casanello, a cargo del expediente, ordenó a los peritos de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) que realicen un análisis detallado de las conversaciones del ex presidente con los principales involucrados en esa maniobra. El pedido incluye el uso de una serie de palabras clave asociadas al caso, como “póliza”, “intermediación”, “PAS”, “Nación Seguros” y “broker”, entre otras.

Tanto el celular como la tablet del ex jefe de Estado habían sido secuestrados en agosto del año pasado, durante el avance de la causa por violencia de género, y se mantuvieron bajo resguardo en la fiscalía de Ramiro González. El contenido de esos dispositivos recién comenzó a extraerse este mes, a pedido del juez Julián Ercolini, quien también interviene en el proceso.

Además de los mensajes intercambiados con Yañez, la Justicia solicitó la recuperación de chats entre Fernández y un amplio listado de imputados, entre ellos su histórica secretaria María Cantero, su esposo y broker Héctor Martínez Sosa, y ex directivos de Nación Seguros. El objetivo es reconstruir posibles vínculos entre la Casa Rosada y las decisiones que beneficiaron a ciertos intermediarios en contrataciones millonarias de seguros estatales.

Según revelaron fuentes judiciales, más de 100 teléfonos fueron secuestrados desde el inicio de la investigación en marzo. En varios de ellos ya se identificaron intercambios que evidenciarían el grado de coordinación entre funcionarios, intermediarios y empresas privadas para direccionar negocios a medida. En el dispositivo de María Cantero, por ejemplo, se halló una fotografía del ex presidente junto a Martínez Sosa en Olivos, captada en julio de 2021.

En paralelo, otros 40 teléfonos siguen sin poder ser desbloqueados. Treinta están en manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que intenta acceder a su contenido, y otros diez aguardan actualizaciones del software forense.

Mientras tanto, Casanello continúa recabando información de distintos organismos y espera los informes técnicos de la DATIP para definir la situación procesal de los principales imputados. En la causa, Fernández está acusado de haber diseñado y ejecutado un mecanismo para orientar la contratación de seguros en beneficio de un grupo selecto de intermediarios. De acuerdo al juez Ercolini, el ex presidente habría tenido la última palabra ante cualquier diferencia interna, asegurando que los contratos quedaran en manos afines.

Uno de los brokers más favorecidos fue Bachellier, que en 2022 recibió más de 700 millones de pesos en comisiones. Solo con Gendarmería facturó más de 1.300 millones, además de manejar pólizas para otros organismos de seguridad federales.

La tensión entre Fernández y algunos de sus antiguos aliados se profundizó tras sus declaraciones públicas. En una de ellas, puso en duda la conducta de Cantero, aunque no la acusó directamente. “Si hizo algo, no lo avalo. Yo lo dudo, pero no puedo asegurarlo”, dijo. Esa frase provocó un quiebre definitivo con la pareja Cantero-Martínez Sosa, que rompió todo vínculo con el ex presidente.

A esta ruptura se sumó otro dato que agrava su situación: la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC) descubrió que entre 2010 y 2019, Fernández emitió facturas a nombre de Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales. La última está fechada pocos días antes de asumir la presidencia.

Con todos estos elementos en juego, el futuro judicial de Alberto Fernández empieza a definirse alrededor de su propio teléfono. El dispositivo, que permaneció cerrado durante meses, podría abrir la puerta a una etapa decisiva de la causa.