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La Subsecretaría de Trabajo sancionó con más de 51 millones de pesos al gremio por interrumpir el servicio en febrero durante una conciliación obligatoria. El Gobierno analiza aplicar otra multa por la medida del 6 de mayo.
La Subsecretaría de Trabajo de San Juan resolvió aplicar una multa de $51.945.600 a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional San Juan, como consecuencia del paro nocturno realizado el pasado 27 de febrero en pleno fin de semana largo de Carnaval. Según detalló el organismo, la medida se ejecutó durante la vigencia de una conciliación obligatoria dictada por un conflicto salarial de alcance provincial, lo cual constituye una infracción laboral grave.
El subsecretario Franco Marchese explicó que la resolución se tomó tras un proceso administrativo formal. “En esa vez, cuando se dictó la conciliación obligatoria, la UTA no acató la misma, no hizo caso y continuó con las medidas de fuerza. En base a eso, se declaró la ilegalidad y la infracción laboral al respecto”, expresó.
El expediente sumarial derivó en una sanción económica que ya fue notificada al sindicato. Marchese precisó que el monto aún no ha sido abonado, pero confirmó que se trata de “una cifra elevada”, al tiempo que anticipó que el gremio podrá presentar un recurso de reconsideración administrativa. En caso de ser rechazado, la UTA podrá apelar ante instancias superiores o recurrir a la Justicia provincial para intentar evitar el cobro.
Además, el funcionario informó que la Subsecretaría está analizando si corresponde aplicar una nueva sanción por el paro general de colectivos ejecutado el 6 de mayo. “Se inició el procedimiento que corresponde. Estamos esperando un informe del área de Transporte para medir el impacto de esa medida de fuerza”, explicó. Si se comprueba que la interrupción del servicio se realizó sin cumplimiento de los requisitos legales, el gremio podría enfrentar otra sanción económica.
Respecto a los descuentos salariales a los choferes que se plegaron a las medidas, Marchese recordó que eso queda a criterio de las empresas. “Ellos están en una relación de empleo privada con los empresarios del colectivo. El descuento es legal, está justificado”, sostuvo.
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