
La autopsia confirmó que el remisero encontrado en Ullum se quitó la vida y descartó la intervención de terceros, tras varios días de búsqueda y preocupación de su familia.
Montilla, quien antes de asumir como juez se desempeñaba como abogado penalista, juró en su nuevo cargo hace poco más de un mes.
Un magistrado recientemente incorporado al Poder Judicial quedó bajo la lupa tras intervenir, de forma reiterada y sin competencia, en el caso de un adulto mayor detenido por una causa de Flagrancia. Se trata del juez de Garantías Roberto Montilla, cuya conducta es ahora materia de análisis por parte de la Fiscalía de Delitos Especiales.
Según confirmaron fuentes judiciales, Montilla habría hecho gestiones para modificar el lugar de detención de José Benito Martín, un hombre de más de 70 años que estaba alojado en la Comisaría 4ª, involucrado en una causa por presunta estafa. Aunque luego fue sobreseído, en ese momento el caso aún tramitaba bajo el sistema de Flagrancia, y por tanto, estaba fuera de la órbita de Montilla.
Lo que despertó sospechas fue la insistencia del magistrado para que el detenido fuera trasladado a una residencia para adultos mayores. De acuerdo a la investigación que encabeza el fiscal Iván Grassi, Montilla habría llamado en varias oportunidades a la dependencia policial e incluso se presentó personalmente en más de una ocasión para interceder en favor del hombre.
Los informes de la causa detallan que el domingo 6 de abril, desde horas de la tarde hasta entrada la noche, Montilla realizó al menos tres llamados telefónicos y dos visitas a la comisaría, buscando comunicarse con los oficiales de guardia y con el ayudante fiscal de turno. Su objetivo: gestionar el traslado del detenido a un hogar de día, ofrecimiento que reiteró incluso cuando le explicaron que la decisión no dependía de él.
Frente a este accionar, considerado improcedente, se radicó una denuncia que dio paso a la apertura de un legajo por presunta usurpación de funciones en grado de tentativa y posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscalía ya solicitó que se formalice la audiencia para avanzar en la investigación.
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