Los concejales advierten que la falta de información obstaculiza el control de las cuentas municipales y resolvieron poner la situación en conocimiento del organismo provincial.
El Estado perdió un juicio por inacción de la Fiscalía
PolíticaLa causa se inició en 1993 por una deuda de un matrimonio con el Banco San Juan cuando aún era estatal. Pese a que había sentencia, los abogados oficiales dejaron vencer los plazos y el Estado no sólo dejará de percibir la deuda, además tendrá que pagar los honorarios de la otra parte.
Hay indignación en el Gobierno provincial, especialmente en la Fiscalía de Estado, por el juicio que acaba de perder debido a la inacción de su cuerpo de abogados. La causa se inició en el año 1993 cuando Daniel Llorens y su esposa Teresa Molina fueron demandados por la falta de pago de un préstamo de $140.000 al Banco San Juan cuando todavía era estatal.
Tres años después, a finales de 1997, la Justicia condenó al matrimonio a pagar una suma superior a $500.000 en conceptos de capital e intereses generados. Sin embargo, esto nunca ocurrió.
El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, explicó los motivos. "Primero le quiero decir que en el año 2012 ordené una auditoría sobre toda la problemática del Banco San Juan Residual. O dicho de otra manera, sobre toda la problemática, los efectos y las consecuencias de la privatización del Banco San Juan con respecto a las deudas a cobrar que tenía la Provincia y que fueron transferidas a la Fiscalía de Estado. Dentro de eso hay causas que llegaron a Fiscalía de Estado que fueron transferidas por el Banco San Juan ya privado y otras quedaron en la misma institución. Entre esas está esta deuda que hace referencia", contó.
El encargado de defender a la Provincia aseguró que muchas de las causas que llegaron en ese momento a Fiscalía ya estaban prescriptas. "Fueron transferidas por el Banco San Juan muertas; no defiendo ni ataco a nadie, pero es una realidad la que describo", detalló.
Del resto de las causas, algunas prescribieron en Fiscalía de Estado, otras se cobraron por parte de la Provincia y el resto está vigente y siguen su curso de cobro. "Entre las que llegaron vivas estaba el caso Llorens que tiene la siguiente historia. Fue iniciado en el año 1993 por los abogados del Banco San Juan, a finales de 1997 se produjo la sentencia ejecutiva. Concomitantemente se produjo la privatización del banco, sesión del crédito y remisión de la causa a la Fiscalía de Estado para que lo prosiguiera. El fiscal de Estado del momento le dio carta poder a dos abogados, hoy jubilados hace más de un año. Esa causa no se movió en la Fiscalía de Estado hasta el año 2006 en que fue asignada a un joven abogado para que investigara esa y unas 800 causas más. En el caso de Llorens la causa seguía viva, el abogado la reinició y la contraparte adujo la prescripción por haber estado más de 10 años sin ejecutarse la sentencia. Así que hay que preguntarles a los abogados por qué no movieron las causas o al Fiscal de Estado de la época", dijo De Sanctis.
Así que el Estado no sólo dejó de percibir los más de $500.000 que había sentenciado la Justicia a pagar al matrimonio deudor, sino que además deberá pagar $23.000 en concepto de honorarios a los abogados de la otra parte enjuiciada. Por ello, el Fiscal de Estado aseguró que "voy a iniciar una investigación sumaria masiva sobre la base de la auditoría que dispuse sobre el año 2012 para conocer la situación de los créditos del banco privatizado y conocer el desempeño de los abogados de la Fiscalía, aún aquellos que ya no pertenecen para hacer la reclamación pertinente de su responsabilidad", manifestó.
Hay indignación en el Gobierno provincial, especialmente en la Fiscalía de Estado, por el juicio que acaba de perder debido a la inacción de su cuerpo de abogados. La causa se inició en el año 1993 cuando Daniel Llorens y su esposa Teresa Molina fueron demandados por la falta de pago de un préstamo de $140.000 al Banco San Juan cuando todavía era estatal.
Tres años después, a finales de 1997, la Justicia condenó al matrimonio a pagar una suma superior a $500.000 en conceptos de capital e intereses generados. Sin embargo, esto nunca ocurrió.
El fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, explicó los motivos. "Primero le quiero decir que en el año 2012 ordené una auditoría sobre toda la problemática del Banco San Juan Residual. O dicho de otra manera, sobre toda la problemática, los efectos y las consecuencias de la privatización del Banco San Juan con respecto a las deudas a cobrar que tenía la Provincia y que fueron transferidas a la Fiscalía de Estado. Dentro de eso hay causas que llegaron a Fiscalía de Estado que fueron transferidas por el Banco San Juan ya privado y otras quedaron en la misma institución. Entre esas está esta deuda que hace referencia", contó.
El encargado de defender a la Provincia aseguró que muchas de las causas que llegaron en ese momento a Fiscalía ya estaban prescriptas. "Fueron transferidas por el Banco San Juan muertas; no defiendo ni ataco a nadie, pero es una realidad la que describo", detalló.
Del resto de las causas, algunas prescribieron en Fiscalía de Estado, otras se cobraron por parte de la Provincia y el resto está vigente y siguen su curso de cobro. "Entre las que llegaron vivas estaba el caso Llorens que tiene la siguiente historia. Fue iniciado en el año 1993 por los abogados del Banco San Juan, a finales de 1997 se produjo la sentencia ejecutiva. Concomitantemente se produjo la privatización del banco, sesión del crédito y remisión de la causa a la Fiscalía de Estado para que lo prosiguiera. El fiscal de Estado del momento le dio carta poder a dos abogados, hoy jubilados hace más de un año. Esa causa no se movió en la Fiscalía de Estado hasta el año 2006 en que fue asignada a un joven abogado para que investigara esa y unas 800 causas más. En el caso de Llorens la causa seguía viva, el abogado la reinició y la contraparte adujo la prescripción por haber estado más de 10 años sin ejecutarse la sentencia. Así que hay que preguntarles a los abogados por qué no movieron las causas o al Fiscal de Estado de la época", dijo De Sanctis.
Así que el Estado no sólo dejó de percibir los más de $500.000 que había sentenciado la Justicia a pagar al matrimonio deudor, sino que además deberá pagar $23.000 en concepto de honorarios a los abogados de la otra parte enjuiciada. Por ello, el Fiscal de Estado aseguró que "voy a iniciar una investigación sumaria masiva sobre la base de la auditoría que dispuse sobre el año 2012 para conocer la situación de los créditos del banco privatizado y conocer el desempeño de los abogados de la Fiscalía, aún aquellos que ya no pertenecen para hacer la reclamación pertinente de su responsabilidad", manifestó.
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