La empresa no demostró una crisis que justifique el pago del 50% de las indemnizaciones a los trabajadores y tampoco trató de reubicarlos.
Diario Móvil
En la mañana de hoy, 30 trabajadores de una reconocida empresa de seguridad privada tienen una audiencia clave, en la Subsecretaría de Trabajo. La firma en cuestión es Huarpe, quen despidió masivamente a los empleados y pretende abonarle menos de la mitad de la indemnización correspondiente.
El abogado de los afectados, Roberto Correa Esbry, señaló que la compañía pretende abonar solo el 50% de las compensaciones, justificándose en una supuesta disminución de trabajo que, asegura, no es responsabilidad del empleador. Sin embargo, Correa Esbry sostiene que Huarpe no enfrenta una crisis económica y, por el contrario, está expandiendo sus operaciones en el sector minero. Por este motivo, exige el pago íntegro de las indemnizaciones.
Otro aspecto del conflicto radica en la acusación de despidos discriminatorios. Según el letrado, los trabajadores cesanteados habían realizado previamente un reclamo salarial, lo que podría agravar las indemnizaciones y elevarlas un 50% adicional.
Fundada en 2009 por Daniel Cárcamo, Huarpe ofrece servicios de seguridad a diversos sectores, como la minería, organismos estatales, hospitales e industrias. Cárcamo ocupó roles destacados en el ámbito público y privado, incluyendo la presidencia de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi) entre 2021 y 2023. Actualmente, es vocal en la conducción de esa entidad.
En el conflicto laboral, Huarpe justificó los despidos argumentando una reducción en los servicios contratados por el Ministerio de Salud Pública. Entre los ejemplos, mencionaron la disminución de horas y puestos de trabajo en centros de salud como el micro hospital Báez Laspiur y el CAPS de Pocito.
Con este panorame y según indica el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, ante despidos por fuerza mayor o falta de trabajo no atribuibles al empleador, la indemnización puede reducirse al 50%. Sin embargo, Correa Esbry asegura que Huarpe no demostró una crisis que justifique esta medida. También criticó la falta de iniciativas previas, como la reubicación de personal, reducciones de jornada o el uso del procedimiento preventivo de crisis contemplado en la legislación nacional.
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