Gobernadores realizarán un último intento para tener una reunión con Guillermo Francos y los Caputo

La discusión sobre el presupuesto 2025 ha generado tensiones entre el gobierno nacional y los gobernadores del PRO y la UCR, quienes exigen que se respeten las leyes y los acuerdos interjurisdiccionales existentes.

En este contexto, los mandatarios provinciales reclaman que el Ejecutivo cumpla con obligaciones como las derivadas del Pacto Fiscal de 2017, las transferencias correspondientes a las 13 cajas previsionales no transferidas a la ANSES, y la eliminación de asignaciones específicas del impuesto a los combustibles para redistribuir esos fondos vía coparticipación.

Estos puntos, según los cálculos de las provincias, representan aproximadamente un 0,2% del PIB, un porcentaje que consideran manejable dentro del presupuesto total y que, subrayan, no pone en riesgo el equilibrio fiscal.

Según supo el diario La Nación, los gobernadores sostienen que sus demandas no implican pedidos de fondos discrecionales, sino que buscan garantizar que la Nación cumpla con las obligaciones previstas en las leyes y pactos firmados con las provincias. Según fuentes cercanas a los mandatarios, cualquier incumplimiento podría terminar judicializándose, ya que los reclamos están respaldados legalmente.

Como ejemplo, señalan que el presupuesto presentado por el gobierno nacional incluye lo necesario para cumplir con el fallo de la Corte Suprema que devolvió un porcentaje de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que, según ellos, demuestra que es posible cumplir con estas obligaciones si existe voluntad política.

Por otro lado, en la Cámara de Diputados, el bloque de la UCR envió una nota al presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, solicitando que se reabra la discusión sobre el proyecto de presupuesto 2025. Los legisladores radicales enfatizan la importancia de aprobar un presupuesto adecuado, señalando que la reconducción del presupuesto 2023 durante todo 2024 es una anomalía en cualquier país democrático.

La falta de un presupuesto aprobado refleja las dificultades del contexto político y económico de la transición entre el gobierno de Alberto Fernández y el actual gobierno de Javier Milei.

En paralelo, los gobernadores del PRO y la UCR han solicitado una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo para tratar de destrabar el diálogo. Durante una videoconferencia con los jefes de bloques de sus partidos, los mandatarios provinciales insistieron en que no buscan recursos adicionales, sino que se respete la distribución de fondos prevista por las leyes.

El reclamo de las provincias se suma a un panorama económico complicado, en el que señalan que 2024 ha sido un año especialmente difícil en términos de recaudación, incluso peor que los años de pandemia. A pesar de ello, destacan que las provincias gobernadas por el PRO y la UCR hicieron ajustes significativos para acompañar a la Nación en este contexto.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada, el gobierno evalúa la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar el presupuesto, aunque persisten las dudas sobre si esta iniciativa incluirá el proyecto de 2025. La decisión final dependerá de las negociaciones en curso y del nivel de consenso que se logre entre los distintos actores involucrados. Sin embargo, la falta de avances concretos amenaza con prolongar la incertidumbre sobre la situación presupuestaria del país.