Trabajadores despedidos de Angaco apuntan al intendente y reclaman en Tribunales por sus puestos

Un grupo de 28 empleados municipales despedidos en el departamento de Angaco se concentró en las puertas de los Tribunales para exigir justicia y la reincorporación a sus labores. Los trabajadores, que habían logrado la estabilidad como planta permanente hace más de un año, acusan al intendente José Castro de haberlos cesado de manera arbitraria por razones políticas.  

Según declaraciones de Antonio D’Amico, secretario general del gremio municipal, el conflicto se origina en lo que considera un abuso de poder por parte de la intendencia. “Es un hombre sin límites. Esto tiene un trasfondo político y económico: el negocio inmobiliario y el uso de domicilios para manipular el padrón electoral en beneficio del intendente”, afirmó D’Amico, quien aseguró que el gremio ya ha obtenido fallos favorables en instancias judiciales previas.  

Por su parte, Lucas Díaz, uno de los trabajadores despedidos, narró la precariedad que enfrentan tras ser cesados: “Estamos hace 22 días sin trabajar. No tenemos para comer y seguimos cumpliendo el horario frente a la municipalidad en señal de protesta”. Díaz también denunció que los intentaron coaccionar para firmar contratos que los despojarían de su planta permanente, algo que rechazaron con apoyo del gremio.  

El caso ha escalado hasta la presentación de amparos judiciales. El gremio municipal ha solicitado medidas cautelares para la reincorporación de los trabajadores y espera que se respete la legislación laboral vigente, que les garantiza estabilidad tras seis meses en planta permanente.  

Fallos y tensiones políticas

D’Amico asegura que detrás de la problemática hay un entramado político que involucra a figuras provinciales. “Vamos a pedir formalmente a las autoridades provinciales que ordenen la reincorporación de los trabajadores. No se puede tolerar este nivel de impunidad”, manifestó.  

En tanto, los damnificados sostienen que el conflicto no es nuevo. “Desde diciembre del año pasado sufrimos persecuciones: cambios de horarios, traslados a lugares insalubres. Pero no vamos a rendirnos. Creemos en la justicia y en que podremos recuperar nuestros trabajos”, expresó Díaz, quien enfatizó la urgencia de una resolución favorable.  

El gremio mantiene firme su postura, mientras el conflicto amenaza con intensificarse. Los trabajadores despedidos esperan que los fallos judiciales sean respetados y que se ponga fin a una situación que, según sus palabras, “no es solo un atropello contra ellos, sino contra todos los trabajadores”.