Empresa de seguridad despidió a decenas de trabajadores: se niegan a pagar toda la indemnización
La empresa no demostró una crisis que justifique el pago del 50% de las indemnizaciones a los trabajadores y tampoco trató de reubicarlos.
La decisión la tomó la Secretaría de Industria y Comercio.
El Gobierno nacional derogó normas sin uso en la actualidad que, al estar vigentes, dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido.
También se eliminó una resolución que exigía trámites redundantes para acceder al proceso de homologación de neumáticos, que encarecían el costo de los mismos.
Mediante la resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, se suprimieron 43 normas con potencial para limitar la libertad de los ciudadanos.
Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados.
También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.
Se derogó, además, una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos. Se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno.
Estas medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia.
Entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por USD 5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales. En la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dió de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros.
La empresa no demostró una crisis que justifique el pago del 50% de las indemnizaciones a los trabajadores y tampoco trató de reubicarlos.
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