El Gobierno denunció que 200 presos cobraban pensión por invalidez laboral

El gobierno de Javier Milei profundiza la investigación sobre el mal uso de los recursos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras descubrir que 212 presos, procesados y condenados, recibían pensiones no contributivas por invalidez laboral. El escándalo involucra a una de las cajas más sensibles del Estado: la gestión de las pensiones por discapacidad.

Según los últimos datos recabados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la ANDIS, se descubrió que 331 prófugos de la justicia cobraban estas pensiones, y 200 presos, algunos en prisión preventiva y otros ya condenados, también eran beneficiarios de las pensiones. La cifra podría ser aún mayor, dado que cada servicio penitenciario provincial tiene información adicional sobre los reclusos.

El "negocio" detrás de las pensiones por invalidez

La denuncia revela que, durante la gestión de la ex directora de ANDIS, Paula Martínez, se flexibilizaron los controles para otorgar pensiones no contributivas por invalidez laboral, lo que permitió el acceso al beneficio a personas que no cumplían con los requisitos. En uno de los casos más llamativos, un hombre de 40 años, residente de La Matanza, recibió la pensión solo tres días después de iniciar el trámite, a pesar de que su auditoría médica había resultado desfavorable.

Otro caso involucra a un hombre de 41 años de Quilmes, quien, estando en prisión domiciliaria, consiguió su pensión en un tiempo récord de seis días. Según los informes, este tipo de irregularidades eran frecuentes durante la gestión de Martínez, quien manejó más de 3400 millones de dólares en pensiones durante su mandato.

La ex directora de ANDIS bajo la lupa

Paula Martínez, quien fue nombrada al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad en tiempos de Alberto Fernández, está en el centro de la investigación judicial. Durante su gestión, se otorgaron 300.000 nuevas pensiones, muchas de ellas en los últimos días del gobierno anterior. Según las autoridades, las auditorías revelan que este sistema fue utilizado como una suerte de "plan platita" destinado a beneficiar a determinadas personas a través de la entrega de pensiones sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La fiscalía, a cargo de Guillermo Marijuán, investiga la modificación de la normativa que permitió flexibilizar los controles de las pensiones, lo que provocó el descontrol en su distribución. Según las primeras indagaciones, la gestión de Martínez, que también estuvo involucrada en actividades de promoción política en distintas provincias, no solo otorgó pensiones de forma irregular, sino que lo hizo en el contexto de una serie de actos en los que se “entregaban diplomas” y se sacaban fotos con intendentes y gobernadores locales.

El gobierno actual ha denunciado que este sistema de pensiones fue una de las “cajas” más importantes del Estado, detrás de otras entidades como ANSES, PAMI y el Ministerio de Desarrollo Social. La red de irregularidades y abusos de este sistema pone en evidencia las malas prácticas que se dieron en la gestión anterior y la falta de controles en la asignación de recursos públicos.