San Juan refuerza la preservación de archivos clave para los juicios de lesa humanidad

En una medida que reafirma el compromiso de San Juan con la memoria, la justicia y los derechos humanos, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno, asumió la custodia de un conjunto de documentos esenciales para los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en la provincia. Este acervo, compuesto por más de 600 carpetas y 150 libros de novedades de guardia, será integrado al Archivo de la Memoria Arquitecta Virginia Rodríguez, bajo la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos Humanos.

Los documentos, previamente en manos de la Policía de San Juan y la Fiscalía Federal, incluyen registros provenientes de comisarías y de la antigua Alcaldía de Varones. Según las autoridades, esta documentación tiene un valor probatorio incalculable para el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, contribuyendo de manera decisiva a las investigaciones judiciales sobre violaciones a los derechos humanos.

El traslado y la preservación de estos archivos se enmarcan en el cumplimiento de la Ley 2350-A, que establece la creación del Archivo de la Memoria de San Juan. Esta normativa provincial obliga a recuperar, clasificar y proteger toda la documentación relacionada con el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales. “La preservación de este material no solo garantiza la memoria histórica, sino que también asegura que las pruebas esenciales para la justicia sean resguardadas en condiciones óptimas”, señalaron desde el Ministerio de Gobierno.

El Archivo de la Memoria fue diseñado para albergar este tipo de acervos en condiciones de conservación adecuadas, tanto en el ámbito físico como en términos de salubridad. Este esfuerzo no solo busca evitar el deterioro de los documentos, sino también facilitar su acceso para las investigaciones en curso y futuras.

La directora del área de Derechos Humanos, junto a representantes del Ministerio de Gobierno, destacó la importancia de esta acción en el contexto de la lucha por justicia y verdad. “Cada uno de estos documentos es una pieza clave para reconstruir lo sucedido durante uno de los períodos más oscuros de nuestra historia. Es nuestra responsabilidad como Estado no solo preservarlos, sino también hacerlos accesibles a las instituciones que trabajan por la memoria y la justicia”, explicó.

Esta iniciativa también refuerza la articulación entre las distintas áreas del Estado para garantizar que las políticas de derechos humanos tengan un impacto tangible en la sociedad. Desde la Dirección de Derechos Humanos recordaron que, además de cumplir con la legislación vigente, este tipo de acciones fortalece la confianza de las víctimas y sus familias en el sistema de justicia.