La nueva normativa permite a las empresas determinar libremente horarios, precios y rutas, con el objetivo de modernizar el sector. El fin del servicio público de larga distancia genera incertidumbre en sectores con menos demanda.
Diario Móvil
Con un giro histórico en el sistema de transporte automotor de larga distancia, el Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial un decreto que desregula completamente el sector, permitiendo que las empresas determinen libremente recorridos, tarifas, horarios y frecuencias. La normativa, impulsada por la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, busca liberalizar un sistema que se regía por una regulación de más de 30 años, bajo el decreto 958/92, según comunicó el Ministerio de Economía.
El decreto establece la creación de un Registro Nacional del Transporte de Pasajeros, que funcionará de manera online, sin costo y de acceso público, lo que permitirá simplificar los trámites burocráticos. Según explicaron desde la cartera que conduce Franco Mogetta, este registro agilizará la habilitación de nuevas empresas, que podrán empezar a operar cinco días después de su inscripción mediante la modalidad de "Silencio Positivo". “Esto facilita la modernización del sector y acelera los procesos administrativos, sin comprometer las exigencias de seguridad”, destaca el comunicado oficial.
Las empresas que ya operaban no tendrán que reinscribirse, pero las nuevas deberán cumplir con ciertos requisitos, como detallar la capacidad de transporte, los vehículos y conductores disponibles, los seguros contratados y la periodicidad de los servicios. La normativa también permite que los transportistas decidan libremente los puntos de ascenso y descenso de pasajeros, siempre que estos estén autorizados por las jurisdicciones locales.
Un aspecto controvertido de la medida es que elimina las tarifas máximas que el Estado solía fijar para los servicios de larga distancia. Fuentes del sector aseguran que esto podría precarizar la actividad, sobre todo en regiones con menor demanda. “La liberalización hará que haya más oferta en los corredores con alta demanda, pero deja en incertidumbre qué ocurrirá en aquellos menos rentables donde antes se garantizaba el servicio público”, señaló un empresario del sector, que prefirió no ser identificado.
Otro cambio significativo es que, con la nueva regulación, los operadores podrán ofrecer servicios desde y hacia aeropuertos y puertos de todo el país, lo que hasta ahora estaba restringido. Desde el Ministerio de Desregulación, destacaron que esta apertura otorgará mayor libertad de movilidad a los usuarios: “Esto le va a dar mucha libertad a la gente para moverse desde y hacia las terminales aéreas y portuarias”, comentaron fuentes cercanas a Federico Sturzenegger, uno de los impulsores de la normativa.
Sin embargo, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) advirtió sobre los posibles efectos de una apertura desmedida en el mercado. En un comunicado, solicitaron que la liberalización se implemente de manera gradual para evitar saturaciones que pongan en riesgo la viabilidad de las empresas actuales. También pidieron la eliminación de burocracias innecesarias y una actualización de normativas que favorezcan la competitividad. “Existen reclamos específicos, como la exención del impuesto de ingresos brutos, la reducción de costos en las terminales y la eliminación de recargos en peajes, que son claves para asegurar la sostenibilidad del sector”, declararon desde la AAETA.
El nuevo marco normativo reemplaza un sistema dual que coexistía desde 1992, compuesto por servicios regulados y desregulados, pero que fue congelado en 1998 con la resolución 307/98, que limitaba la entrada de nuevos operadores. Con esta nueva disposición, cualquier empresa habilitada podrá operar rutas sin necesidad de permisos específicos.
El investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, Rafael Skiadaressis, opinó que esta decisión busca dinamizar un sector en declive. “El transporte automotor de larga distancia ha perdido terreno desde la llegada de las aerolíneas low cost. Pasó de mover 35 millones de pasajeros en 2016 a menos de 24 millones en 2023. La liberalización podría revitalizarlo, pero también deja dudas sobre cómo se atenderán las rutas menos rentables que son vitales para conectar territorios alejados”, afirmó.
La implementación completa del decreto comenzará en 60 días, una vez que se realicen las actualizaciones tecnológicas necesarias en el nuevo registro. Hasta entonces, las autoridades seguirán evaluando posibles ajustes a la normativa para garantizar su correcta aplicación y asegurar que se respeten las normas de seguridad vigentes
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