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Dilma se complica aún más con el escándalo de Petrobras
La justicia electoral de Brasil decidió por mayoría reabrir la causa por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña del PT en 2014. El mecanismo puede concluir con la anulación de su mandato.
Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió ayer por mayoría reabrir la investigación sobre la campaña presidencial de Dilma Rousseff por el presunto uso de fondos desviados del esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, una decisión que tiene el potencial para anular el segundo mandato de la jefa del Estado, que comenzó este año.
La demanda es una de las cinco presentadas por el opositor partido socialdemócrata (PSDB) derrotado en los comicios de octubre del 2014 por apenas 3 puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores) y Michel Temer (PMDB) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas involucradas en un gigantesco esquema de corrupción en la estatal Petrobras.
El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de "abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos".
El partido, que llevó como candidato en las elecciones de octubre pasado al actual senador Aécio Neves, plantea además que hubo "manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos -un abuso acumulado con la perpetración de fraude-, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda".
En la causa, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, sustenta que todas las donaciones fueron legales y registradas ante la Justicia electoral y que las cuentas de la campaña fueron aprobadas en diciembre pasado por unanimidad en la misma corte.
Es la primera vez que la justicia electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones, dijeron fuentes del Tribunal Superior Electoral. El mecanismo, previsto en la Constitución, puede concluir con la anulación de su mandato y un nuevo llamado a elecciones, aunque el proceso podría durar meses e incluso años y ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia.
Otro frente abierto
Además de ser acusada de usar recursos públicos para su campaña, la mandataria es cuestionada por solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, lo que está prohibido por ley. Tras analizar estas presuntas maniobras, se espera que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decida hoy si aprueba o rechaza las cuentas del gobierno de 2014, algo que allanaría el camino para la apertura de un proceso de impeachment en el Congreso, que también deberá evaluar las cuentas.
Sofocada por la recesión económica, con un Congreso fragmentado y un apoyo popular de apenas 10%, Rousseff lucha para restaurar la gobernabilidad y conseguir aprobar un paquete de ajuste fiscal que le permita reordenar las cuentas públicas. Para ello, esta semana emprendió una reforma de gabinete con la intención de fortalecer su base aliada en el Congreso. El izquierdista PT, que asumió el poder en 2003, es blanco permanente de acusaciones de corrupción en el caso Petrobras, que tiene bajo investigación a políticos de varios partidos y a grandes empresarios de Brasil.
El ex tesorero del PT fue condenado a 15 años de prisión por lavar dinero de sobornos en Petrobras y José Dirceu, exjefe de Gabinete del primer gobierno de Lula (2003-2010) enfrenta un juicio por la misma causa, señalado como el creador del fraude que drenó al menos 2.000 millones de dólares de la petrolera.
Fuente: La Nación.-
Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió ayer por mayoría reabrir la investigación sobre la campaña presidencial de Dilma Rousseff por el presunto uso de fondos desviados del esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, una decisión que tiene el potencial para anular el segundo mandato de la jefa del Estado, que comenzó este año.
La demanda es una de las cinco presentadas por el opositor partido socialdemócrata (PSDB) derrotado en los comicios de octubre del 2014 por apenas 3 puntos porcentuales, que afirma que la fórmula Rousseff (Partido de los Trabajadores) y Michel Temer (PMDB) financió su carrera al Palacio de Planalto con donaciones de empresas involucradas en un gigantesco esquema de corrupción en la estatal Petrobras.
Por cinco votos contra dos, los ministros revirtieron una decisión de la magistrada Maria Thereza de Assis Moura, que en febrero había pedido el archivo de la demanda por considerar que las pruebas eran "frágiles".
El PSDB acusa a las agrupaciones de Rousseff y de Michel Temer de "abuso de poder económico y fraude, con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras como parte de la distribución de sobornos".
El partido, que llevó como candidato en las elecciones de octubre pasado al actual senador Aécio Neves, plantea además que hubo "manipulación en la divulgación de indicadores socioeconómicos -un abuso acumulado con la perpetración de fraude-, uso indebido de predios y equipamiento público para realizar actos propios de campaña, y publicidad institucional en época de veda".
En la causa, el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, sustenta que todas las donaciones fueron legales y registradas ante la Justicia electoral y que las cuentas de la campaña fueron aprobadas en diciembre pasado por unanimidad en la misma corte.
Es la primera vez que la justicia electoral abre una investigación de este tipo contra un presidente en funciones, dijeron fuentes del Tribunal Superior Electoral. El mecanismo, previsto en la Constitución, puede concluir con la anulación de su mandato y un nuevo llamado a elecciones, aunque el proceso podría durar meses e incluso años y ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia.
Otro frente abierto
Rousseff lidia con varios frentes que podrían justificar un juicio político e interrumpir prematuramente su mandato iniciado en enero.
Además de ser acusada de usar recursos públicos para su campaña, la mandataria es cuestionada por solventar programas sociales a través de entidades financieras públicas, lo que está prohibido por ley. Tras analizar estas presuntas maniobras, se espera que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decida hoy si aprueba o rechaza las cuentas del gobierno de 2014, algo que allanaría el camino para la apertura de un proceso de impeachment en el Congreso, que también deberá evaluar las cuentas.
Sofocada por la recesión económica, con un Congreso fragmentado y un apoyo popular de apenas 10%, Rousseff lucha para restaurar la gobernabilidad y conseguir aprobar un paquete de ajuste fiscal que le permita reordenar las cuentas públicas. Para ello, esta semana emprendió una reforma de gabinete con la intención de fortalecer su base aliada en el Congreso. El izquierdista PT, que asumió el poder en 2003, es blanco permanente de acusaciones de corrupción en el caso Petrobras, que tiene bajo investigación a políticos de varios partidos y a grandes empresarios de Brasil.
El ex tesorero del PT fue condenado a 15 años de prisión por lavar dinero de sobornos en Petrobras y José Dirceu, exjefe de Gabinete del primer gobierno de Lula (2003-2010) enfrenta un juicio por la misma causa, señalado como el creador del fraude que drenó al menos 2.000 millones de dólares de la petrolera.
Fuente: La Nación.-
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