Pedido de juicio político para miembros de la Corte de Justicia de San Juan

Sergio Vallejos, figura central en la política sanjuanina y conocido por su papel en la controversia que llevó a la Corte Suprema a prohibir a Sergio Uñac postularse nuevamente como gobernador, ha vuelto a captar la atención nacional al presentar un pedido de juicio político contra tres miembros de la Corte de Justicia de San Juan. Este martes 1 de octubre, Vallejos, ahora parte del Frente Liberal de San Juan, formalizó su denuncia en la Cámara de Diputados, acusando a los jueces Daniel Olivares Yapur, Adriana García Nieto y Marcelo Lima de incumplir con sus obligaciones.

Durante una conferencia de prensa, Vallejos destacó que se trata de un asunto de gran relevancia, afirmando: "Básicamente, pedimos que se promueva un juicio político contra la Sala 1 de la Corte de Justicia de la Provincia". Explicó que esta sala está integrada por los jueces mencionados, a quienes acusó de actuar en violación de la ley. En ese contexto, el ex candidato a gobernador hizo referencia a una situación específica: "La expropiada, cuyo inversión es de la familia Pañito, vinculada al poder del control gubernamental, presentó una contra propuesta y una suma de 18 millones de pesos tras una evaluación inicial de 5.800.000 pesos".

Vallejos subrayó que este caso ha tenido un impacto significativo en la política provincial, señalando que la Corte, al fallar a favor de la familia Pañito, había creado "un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica" que afecta la integridad del sistema judicial en San Juan. Además, indicó que la decisión judicial contradice la normativa vigente, afirmando: "La Ley 17.90 no modificó ni derogó el artículo 20 de la Ley 1000A, que claramente ordena pagar según el valor de la fecha de la expropiación y no el actual, como decide la Corte".

El ex candidato enfatizó la gravedad de la situación, advirtiendo que este fallo podría tener repercusiones económicas devastadoras para la provincia: "Este criterio será aplicado seguramente en los puestos de expropiación y se estima que podría significar un golpe fatal e ilegal al presupuesto provincial, con una afectación de aproximadamente 12.000 millones de pesos". Vallejos argumentó que "lo que puede parecer una pequeñez se puede transformar en algo tremendamente perjudicial e ilegal para el herario de la provincia de San Juan".

También criticó la participación de los mismos jueces en el proceso electoral anterior, argumentando que habían beneficiado a un sector político en particular. "El fallo de la Corte suspendió la elección de gobernador y vicegobernador sin tener en cuenta que el artículo 185 de la Constitución Provincial manda a votar al pueblo de San Juan conjuntamente a gobernador y vicegobernador con los diputados provinciales", expuso, destacando la irregularidad de la situación.

Vallejos concluyó su intervención reiterando su llamado a la Cámara de Diputados para que juzgue políticamente a los denunciados, advirtiendo que las decisiones de la Corte no solo son inconstitucionales, sino que también amenazan los fondos públicos. "El deber cívico de presentarnos y frenar la ferozidad con que el estado avanza sobre cuestiones que no debería avanzar es imperativo", sentenció.