Un efectivo del D5 de la Policía de San Juan fue sentenciado a un año de prisión condicional y fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de exigir dinero a una pareja durante un control vial en abril de 2024.
Diario Móvil
La Justicia sanjuanina condenó a un policía por extorsionar a una pareja de motociclistas en abril de este año, en un hecho que dejó en evidencia la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Alesandro Javier Cornejo, exintegrante del D5, exigió un soborno de $15.000 a los motociclistas a cambio de no retener su vehículo durante un control de rutina. El agente aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado, donde recibió una condena de un año de prisión condicional y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de manera definitiva.
El incidente ocurrió el 8 de abril de 2024, cuando Cornejo, quien patrullaba en una motocicleta de la Policía, detuvo a una pareja en las inmediaciones de Las Heras y Maipú, cerca del Banco San Juan. Tras pedir la documentación del vehículo y confirmar que todo estaba en orden, aprovechó el hecho de que la acompañante no llevaba casco para exigirles una coima. Los motociclistas, acorralados por la presión del oficial, accedieron al pago de $15.000, que fue transferido a una cuenta virtual proporcionada por el propio policía.
No obstante, después del incidente, la pareja denunció la extorsión ante las autoridades, proporcionando como prueba el comprobante de la transferencia. La investigación, liderada por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales bajo la supervisión de los fiscales Francisco Micheltorena y Francisco Nicolía, avanzó rápidamente gracias a las pruebas presentadas, entre las que se incluyeron imágenes de cámaras de seguridad de la zona y los registros de la transacción. Estas evidencias resultaron clave para confirmar la participación del agente en el ilícito.
Frente a la contundencia de las pruebas, Cornejo aceptó su culpabilidad, lo que permitió que se celebrara un juicio abreviado. En este procedimiento, la jueza Irene Mabel Moya homologó el acuerdo entre la defensa del imputado y los fiscales, imponiendo al ex policía una pena de un año de prisión condicional. Además, fue inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo público, lo que supone su salida definitiva de la Policía de San Juan.
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