Uno de los implicados en la MUERT3 de Lucía Rubiño fue autorizado para salir de San Juan

En una decisión que ha generado controversia en la comunidad, el juez de garantías Javier Figuerola ha concedido el permiso a Juan Pablo Echegaray, hijo del juez federal Hugo Echegaray, para abandonar la provincia de San Juan. Echegaray es uno de los dos acusados por la brutal muerte de la adolescente ocurrida el 15 de octubre de 2023.

El joven, de 18 años de edad, solicitó este beneficio a través de su defensora Sandra Lebeke, con el argumento de trasladarse a Mendoza para dar inicio a sus estudios universitarios.

El caso por el cual Juan Pablo Echegaray está siendo investigado se remonta al fatídico incidente ocurrido en el interior del barrio Profesionales en Rivadavia. Aunque inicialmente no fue imputado, la revisión de las cámaras de seguridad y otras pruebas llevó al Ministerio Público Fiscal a considerar su posible participación en el evento trágico. La formalización de su imputación tuvo lugar el 7 de noviembre, casi un mes después de los acontecimientos, en la que se le retuvo la licencia de conducir y se determinó investigar su posible implicación durante un año.

El otro acusado en este caso es un joven menor de edad, responsable de atropellar y causar la muerte de la adolescente Lucía con su vehículo Renault Sandero. El trágico incidente ocurrió cuando el auto del menor se desvió de la calle y embistió a la joven y a su amiga que se encontraban en la vereda. Tras dos meses de detención en el Nazario Benavidez, el menor recuperó su libertad el 15 de diciembre. Es importante destacar que debido a su condición de menor de edad, no podía permanecer detenido por más tiempo, por lo que la Jueza de Menores, María Julia Camus, tomó la decisión de liberarlo.

La comunidad sigue de cerca este caso, en espera de que se haga justicia y se esclarezcan los hechos que rodean a esta trágica pérdida. La autorización para que Juan Pablo Echegaray salga de la provincia ha suscitado debates sobre la equidad en el sistema judicial y el tratamiento de los acusados según su estatus social y familiar.