Por segundo año consecutivo, el departamento es sede de esta capacitación para organizaciones sociales. Participarán personas de todo el país y las conclusiones serán publicadas en un documento.
Por segundo año consecutivo, el departamento Rawson es sede del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales para la Prevención de Adicciones. El objetivo es preparar a multiplicadores sociales para que en cada comunidad trabajen en la atención y prevención de adicciones en general.
"El sentido de esto es después sacar conclusiones en un documento que nos permita seguir creciendo, que nos permita promover esa misma actividad en orden a generar mecanismos de Estado que prevengan y atenúen las adicciones. Es una convocatoria para organizaciones sociales de toda la Argentina, lo hemos trabajado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con SEDRONAR y el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia. La idea es que podamos sacar las experiencias, sacar las conclusiones y vincularnos para que el trabajo en territorio sea más efectivo", dijo el intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja.
A su vez, Daniel Molina, ministro de Desarrollo Humano, explicó que en San Juan los Municipios cuentan con el aval económico de su cartera para tener equipos territoriales integrados por profesionales multidisciplinarios que atienden las inquietudes de la comunidad en torno a las adicciones. "Se brinda orientación, apoyo y asesoramiento a las personas que pasan por el tema de las drogas. Esto es significativo en nuestra provincia y lo que le vamos a contar a los representantes de las demás provincias argentinas".
El senador sanjuanino cuestionó las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete sobre las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales.
El gobernador fue consultado por las versiones que ubican a la provincia dentro de una gira que el Presidente realizaría por el interior del país. Aseguró que no recibió información oficial.
El gobernador defendió el financiamiento aprobado por la Legislatura, aseguró que la obra pública es una prioridad y sostuvo que San Juan debe prepararse para aprovechar las inversiones que proyecta para los próximos años.
Los imputados acordaron una reparación económica de $1.000.000 para cada damnificado, pero una disputa entre Fiscalía y el juez de Garantías frenó la homologación del acuerdo.
Roberto Dany Sarmiento y su esposa, Myriam Muñoz, aceptaron una pena de tres años de prisión condicional en el marco de la causa iniciada tras una transferencia duplicada realizada por una minera.