Solicitaron el juicio político contra Marcelo Lima, integrante de la Corte Suprema

Una solicitud de juicio político fue formalizada recientemente contra Marcelo Lima, ministro de la Corte de Justicia de San Juan, tras ser acusado de haber incurrido en una supuesta falta a los deberes de funcionario público. La presentación, ingresada de forma oficial ante la sala acusadora de la Cámara de Diputados de la provincia, busca impulsar el proceso institucional correspondiente contra el magistrado.

Según trascendió a través de declaraciones brindadas por Juan De La Cruz Córdoba, presidente del bloque Producción y Trabajo y titular de la sala acusadora, la denuncia fue entablada por el abogado penalista y civil Nicolás Fiorentino. De acuerdo con lo planteado por el profesional en su escrito, el integrante del máximo tribunal provincial habría vulnerado los principios rectores de objetividad e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones judiciales.

“Ha ingresado efectivamente una denuncia por parte de un abogado que ejerce en forma particular dentro del ámbito de tribunales y es una denuncia contra uno de los integrantes de la Corte de Justicia de la provincia, el doctor Marcelo Lima”, confirmó el legislador Córdoba.

En relación con el trasfondo del caso, el fundamento central de la acusación gira en torno a un expediente previo iniciado por el propio Fiorentino contra un magistrado de Cámara Civil. En dicho escenario, el abogado denunciante considera que Lima, al encontrarse al frente del Jurado de Enjuiciamiento, debió haberse inhibido de intervenir en el trámite debido a la existencia de un presunto vínculo de amistad con el juez investigado.

“El denunciante habría formulado una denuncia para que fueran sometidos al jurado de enjuiciamiento un camarista, un juez de Cámara Civil, y considera que el doctor Marcelo Lima, siendo presidente del jurado de enjuiciamiento, debería haber pedido el apartamiento del cargo para este tema puntual”, detalló el titular de la sala acusadora en diálogo con 0264 Radio. 

Respecto de los pasos formales dentro del ámbito legislativo provincial, Córdoba explicó que se iniciará la comunicación con la Secretaría Legislativa para remitir las copias del expediente a todos los miembros que componen la sala acusadora. Posteriormente, la Comisión de Investigación dispondrá de un plazo legal de 40 días para evaluar exhaustivamente los elementos presentados y redactar un dictamen que determinará si la acusación debe ser archivada o si existen fundamentos suficientes para avanzar a la siguiente etapa del proceso.