Según su defensa, fue “ilegal y autoritario” que le hayan sacado los haberes mensuales que percibía por haber sido presidenta y como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.
Lesa humanidad: cuestionan el procedimiento de los juicios
Nacionales
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Abogados y académicos reclamaron discutir cómo se condena a los procesados por delitos durante la dictadura.
"Durante la dictadura me iba a dormir pegándoles un balazo en la cabeza a [Ramón] Agosti, [Emilio] Massera y [Rafael] Videla. Me obligaron a matar a mi hijo asumiendo que estaba muerto", dijo Graciela Fernández Meijide en un encuentro sobre "Derechos humanos y castigo: las discusiones pendientes", realizado ayer en la Universidad San Andrés. La intervención de la activista de derechos humanos y madre de un desaparecido fue el punto más intenso de un encuentro que reunió a abogados y académicos argentinos y extranjeros en el que se criticó con dureza el procedimiento de los juicios a los procesados por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar.
Entre los invitados estuvieron, además de Fernández Meijide, el ex embajador argentino ante la ONU Emilio Cárdenas, el historiador Luis Alberto Romero, la abogada Verónica Blanco y los expertos norteamericanos Robert Barros y Sam Ferguson.
Una de las cuestiones que se abordaron ayer fue el mecanismo por el cual se reconstruye la verdad para juzgar y condenar a los que están sometidos a un proceso penal. Varios de los expositores coincidieron en que los juicios se basan sólo en pruebas obtenidas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que funcionó durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
En tanto, Cárdenas sostuvo: "No se puede hablar de que alguien es culpable por un contexto. ¿Cuántos presentaron testigos que no existen? Tendremos que hacernos cargo por la forma en que los procesos fueron llevados a cabo por razones políticas". También se cuestionó la ausencia de juicios a los grupos armados que actuaron en las décadas de 1970 y 1980. "Toda la discusión se centra en los responsables estatales. No es claro que el terrorismo de Estado haya sido peor que lo que hicieron las organizaciones armadas. Hay que salir de la antinomia de que una parte de la sociedad argentina es culpable y que la otra es medianamente culpable", sentenció Romero.
Fuente: La Nación.-
"Durante la dictadura me iba a dormir pegándoles un balazo en la cabeza a [Ramón] Agosti, [Emilio] Massera y [Rafael] Videla. Me obligaron a matar a mi hijo asumiendo que estaba muerto", dijo Graciela Fernández Meijide en un encuentro sobre "Derechos humanos y castigo: las discusiones pendientes", realizado ayer en la Universidad San Andrés. La intervención de la activista de derechos humanos y madre de un desaparecido fue el punto más intenso de un encuentro que reunió a abogados y académicos argentinos y extranjeros en el que se criticó con dureza el procedimiento de los juicios a los procesados por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar.
Entre los invitados estuvieron, además de Fernández Meijide, el ex embajador argentino ante la ONU Emilio Cárdenas, el historiador Luis Alberto Romero, la abogada Verónica Blanco y los expertos norteamericanos Robert Barros y Sam Ferguson.
Una de las cuestiones que se abordaron ayer fue el mecanismo por el cual se reconstruye la verdad para juzgar y condenar a los que están sometidos a un proceso penal. Varios de los expositores coincidieron en que los juicios se basan sólo en pruebas obtenidas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que funcionó durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
"En muchos casos las pruebas son las recolectadas en los 80", dijo Blanco. Y agregó: "No hubo esfuerzos por mejorar las pruebas obtenidas por la Conadep".
En tanto, Cárdenas sostuvo: "No se puede hablar de que alguien es culpable por un contexto. ¿Cuántos presentaron testigos que no existen? Tendremos que hacernos cargo por la forma en que los procesos fueron llevados a cabo por razones políticas". También se cuestionó la ausencia de juicios a los grupos armados que actuaron en las décadas de 1970 y 1980. "Toda la discusión se centra en los responsables estatales. No es claro que el terrorismo de Estado haya sido peor que lo que hicieron las organizaciones armadas. Hay que salir de la antinomia de que una parte de la sociedad argentina es culpable y que la otra es medianamente culpable", sentenció Romero.
Fuente: La Nación.-
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