Córdoba: cerraron la mitad de las clínicas en 15 años

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La brecha entre costos y aranceles las hace inviables. Hay ciudades sin servicio.




 





La cantidad de clínicas privadas se redujo a la mitad desde 2000 hasta hoy en la provincia de Córdoba. De 425 instituciones con servicios de internación que había entonces se pasó a 220, según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio local a pedido del sector.

La mayoría de los cierres se produjo en el interior de la provincia, a punto tal que en la actualidad la mitad de los municipios cordobeses no cuentan con servicio privado de salud.

El sector en Córdoba sufre los mismos problemas que en el resto del país: la presión salarial, un alto porcentaje de sus costos en dólares y precios regulados aparecen como los principales factores que llevan a muchas empresas a dar un paso obligado al costado.

Gustavo Traballini, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), afirmó que a la crisis general se le suma, en la provincia de Córdoba, el hecho de que los aranceles promedio que se están cobrando están alrededor de 30% por debajo de los que se cobran en el resto del país. Esta situación empujó a una fuerte concentración de prestadores en pocas manos.

José Arnoletto, gerente ejecutivo de la Cámara Empresarial de Salud de Córdoba (Caescor), agrega que otra dificultad es la carencia de recursos humanos calificados: "Son pocos y caros; se ha desarmado la formación y el personal que hay es muy costoso. Y eso agrava la situación".

En la provincia, el 77% del financiamiento del sistema de salud está en manos del PAMI y de la obra social provincial, Apross. Respecto de la cobertura de la población, el 47% tiene obra social, el 39% tiene una prepaga (sea voluntaria o derivando los aportes a través de su obra social sindical), el 2% cuenta con planes estatales y el 12% está sin cobertura.

En los últimos años, el alza promedio de los aranceles fue de 26,7%, con una inflación por encima de 30%. El esquema no sólo pone en riesgo la reinversión de recursos en el sistema, sino la misma continuidad de las instituciones.

SIN INTERÉS

El sector, añade Arnoletto, cobra con plazos de 120 días promedio: "En circunstancias comunes, eso es un desastre; en una economía inflacionaria, un suicidio".

Traballini plantea que el ejemplo más claro de la crisis son algunas clínicas que están en venta o alquiler y no consiguen interesados. Lo más probable es que terminen cerrando. Señala que la rentabilidad promedio de una institución en la provincia es de 5%, cuando para poder garantizar su funcionamiento debería ser de entre 10 y 12 por ciento.

"No hay recursos suficientes para seguir abiertos -agrega-. En el interior es difícil tener especialidades y la inversión en tecnología requiere un volumen que no existe."

Desde el sector insisten en que hay que reorganizar el sistema, armar una red de derivación de pacientes eficiente y dejar de subsidiar la oferta para subsidiar la demanda.

MÁS CONCENTRACIÓN

Los referentes del sector están convencidos de que, sin cambios, seguirán perdiéndose camas privadas, lo que recalentará la ocupación en el sistema público.

La dinámica de los últimos años empuja a la concentración; los grandes jugadores -no llegan a cinco en la provincia- siguen creciendo para acomodarse a la demanda y generan nuevas líneas de negocios.

Distintos referentes señalaron que los últimos años se caracterizan por una lucha permanente por poder trasladar al precio de las prestaciones los incrementos de los costos. La brecha -dicen- ronda los siete puntos y se cubre con pérdida de rentabilidad para las empresas.

Del estudio de la Bolsa se desprende que la falta de financiamiento es el mayor problema cualitativo que enfrentan las clínicas. Su nivel de endeudamiento con el sector financiero es de sólo 2% de su facturación anual, indicador de la baja posibilidad de reinversión del sector. Así, reclaman líneas de crédito blandas para alentar el desarrollo de infraestructura y la incorporación de tecnología.

El sector también pide beneficios fiscales con criterios de asistencia para las inversiones y apoyo geográfico en zonas estratégicas de Córdoba. Señalan que podrían incorporarse a la ley de promoción industrial provincial.

"La presión tributaria no es más grave que para el resto -apunta Arnoletto-. Una clave es que, en nuestro caso, el crédito fiscal queda indefinidamente sin uso, ya que la mayoría de las prestaciones son exentas y para las prepagas la alícuota es del 10,5 por ciento."

 

 

Fuente: La Nación.-
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