¿Se cae el megajuicio por trata de personas?

La Justicia Federal sigue el proceso contra 19 acusados de beneficiarse con el ejercicio de la prostitución de al menos 60 mujeres. El fiscal Maldonado intentará probar que las mujeres eran obligadas a trabajar y los imputados se quedaban con el 50% de las ganancias.

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En la Justicia Federal se está realizando un histórico proceso que investiga a 19 imputados por el delito de trata de personas y a 60 víctimas que en el año 2012 fueron rescatadas de diferentes prostíbulos que funcionaban en San Juan.

"Nosotros queremos demostrar que las personas imputadas, debido a la condición de vulnerabilidad de las víctimas, sacaban un beneficio económico explotándolas con fines sexuales. Para eso queremos escuchar a las víctimas y a los profesionales de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación como del Ministerio de Desarrollo Humano de San Juan", explicó el fiscal federal Francisco Maldonado.

Sin embargo, uno de los abogados defensores de los imputados opinó lo contrario. "No hubo trata de persona porque faltan elementos vitales como el ejercicio de violencia, intimidación y algo que haga que las personas estuvieran en estado de semiexclavitud. Las declaraciones de las supuestas víctimas indican que sí es cierto que se dedicaban a la prostitución, pero lo hacían por voluntad propia. Entonces la figura de trata no se puede consolidar en este proceso, por lo que nosotros esperamos que la sentencia que recaiga sea de ley de profilaxis y en otros casos sobreseimiento definitivo", manifestó Antonio Falcón.

Es claro que la Justicia Federal tendrá dificultad para probar que efectivamente hubo un delito de trata de blancas. Incluso se suma otro elemento: dos de los Jueces que integran el Tribunal, formaron parte de otro proceso similar en San Luis que determinó la absolución de los acusados.

Ante este suceso, Maldonado dijo esperanzado que "pueden ser circunstancias fácticas distintas y sé que el Ministerio Público Fiscal planteó el recurso de Casación a ese fallo para revertir lo que considera que es lo adecuado".

Para Falcón, el hecho de que las mujeres declararan que ejercían la prostitución por propia voluntad y eligiendo los días para trabajar, hace que no se pueda configurar el delito de trata. No obstante, el fiscal Maldonado expresó que "queremos acreditar que las mujeres provenían de una condición de vulnerabilidad y no tuvieron la opción de elegir, más allá de un consentimiento que pudieran manifestar. El tema de la libertad en el caso de la explotación sexual y de la explotación laboral no puede ser un bien disponible por la víctima, entonces pasa a ser un tratamiento clandestino. Además, las víctimas trabajaban y sólo recibían el 50% de la paga, la otra mitad se la quedaban los explotadores".