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Transporte, Fútbol para Todos y Sueños Compartidos, los más corruptos
En el Estado hay un espejo en el cual al kirchnerismo no le gusta mirarse. Las cuentas de sus doce años de gobierno fueron monitoreados, desde la Auditoría General de la Nación, por la misma persona. Leandro Despouy estaba en el histórico edificio de avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, junto al Congreso, cuando Néstor Kirchner asumió en 2003. Había sido designado por la UCR durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002. Y allí permanece mientras Cristina Kirchner llega al fin de su segundo mandato.
Hoy, después de doce años de auditar los gastos del Gobierno, Despouy publica La Argentina Auditada, una extensa reflexión basada en su experiencia desde que asumió como presidente de la AGN a pedido del ex presidente Raúl Alfonsín. Allí brinda detalles a través de gráficos y números que hablan de la vulnerabilidad de las aduanas y los pasos fronterizos, de la crisis en el sector energético, del empeoramiento del estado del transporte ferroviario y de las "pérdidas millonarias" en la gestión del transporte aerocomercial.
Leandro Despouy es el auditor general de la Nación desde 2002.
En un café del centro porteño antes de la presentación del libro, el auditor general habló de las consecuencias "desgarradoras" de la "corrupción", basado en las investigaciones que llevó adelante el equipo de la AGN en los últimos doce años. Se quejó de la reticencia de las dependencias estatales para entregar datos públicos y afirmó que el recoveco más oscuro del Estado en los doce años de kirchnerismo fue el área de Transporte que coordinaron los secretarios Ricardo Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012), cuando el manejo ferroviario dependía del Ministerio de Planificación que conducía -y conduce- Julio De Vido.
También ubicó en el podio de los más graves casos de corrupción dos temas que no incluyó en el libro -aunque asegura que los retomará en un futuro trabajo-: Sueños Compartidos (el millonario plan de viviendas, investigado en la Justicia, que manejó el apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, en seis provincias y en la Capital); y el programa estatal Fútbol para Todos, donde se desembolsaron, según informes de la AGN, más de seis mil millones de pesos entre 2009 y 2015.
La Auditoría General de la Nación es el ente de control externo del sector público nacional, dependiente del Congreso Nacional. Tiene personería jurídica propia e independencia funcional.
-¿Cuáles fueron los casos de más graves de corrupción en estos doce años?
-Hay tantos que podrían ser calificados como emblemáticos que es difícil seleccionar uno o dos. Si uno los toma por el volumen de los fondos implicados, se encuentra con los ferrocarriles manejados por Jaime y Schiavi. También con los desvíos de fondos en el programa Sueños Compartidos, y con Fútbol para Todos, que fueron de siete mil millones. Pero más allá de los números, si uno los considera según la proyección de daño social, ve otros temas. En PAMI quedó probado que el organismo era objeto de una apropiación ilegal de los fondos de la tercera edad por parte de organizaciones sindicales y políticas. También en APE [Administración de Programas Especiales], se llevaron los subsidios o las compensaciones para las prestaciones de alta complejidad, remedios oncológicos, prótesis. En gestiones de salud y sociales hemos visto cosas desgarradoras. Vimos cómo el manejo ilegal de los fondos afecta directamente a las personas.
¿Por qué no se siguen las recomendaciones de la AGN?
La tendencia de este gobierno es al manejo discrecional de los fondos sin rendición de cuentas. En la gestión presupuestaria el Gobierno se apodera del Estado, distribuye con gran discrecionalidad y en forma arbitraria. Mientras más dinero puso el Estado en los trenes, peor funcionaban. La AGN les decía, que por favor dejaran los fondos, porque no se aplicaban sin control. Y el Estado respondía que gastaba bien y que los argentinos eran transgresores y destruían los ferrocarriles. Las tareas no se hacían, el mantenimiento tampoco y se terminó produciendo la tragedia que anticipaban los informes de la auditoría. Mi experiencia como auditor demuestra que no porque una tragedia sea evidente se va a evitar, porque los mecanismos del Estado no actúan, aunque esté la alerta.
Leandro Despouy ocupaba la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando fue convocado por el exjefe del Estado, Raúl Alfonsín, para que tomara la titularidad de la AGN, en 2002. ¿Cuál es el sector del Estado que ha mostrado mayor reticencia a la hora de rendir cuentas?
En el área de la Secretaría de Transporte es donde probablemente hayamos tenido más dificultades, sobre todo en cuanto al registro adecuado de la información de los gastos. A veces tuvimos reticencia para que nos entregaran información y tuvimos que recurrir a la Justicia para obtenerla. Otras no había registros adecuados de la forma y los criterios con que se ejecutaban los fondos. Todo fondo debe tener una justificación, un objetivo y un criterio. Cuando uno examina las transferencias que hace el Ministerio de Infraestructura va a ver que no hay razón para los envíos a determinadas provincia. Realmente hay un manejo discrecional e improvisado de los fondos, que son una herramienta política. Hay provincias en las que, cuando cambia el color partidario, las transferencias disminuyen o aumentan. Es el caso de Santa Cruz y Santa Fe.
¿Cómo califica la actuación de otros organismos de control como la Sigen o de la Oficina Anticorrupción a cargo de los kirchneristas Daniel Reposo y Julio Vitobello?
A este gobierno le ha incomodado el control. No lo ven como un aliado para mejorar. Esto se expresa en la hostilidad hacia los organismos de control. Casi todos ellos, la Oficina Anticorrupción, las fiscalías de gestiones administrativas y la Sigen prácticamente han sido anestesiados. En cambio la AGN continuó la actividad con gran visibilidad pública y lo ha hecho muchas veces enfrentando intentos de destitución. La AGN subsiste porque ha marcado una lucha permanente.
Fuente: La Nación.-
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