El gremio que nuclea a los docentes de los colegios preuniversitarios de las Facultades de la UNSJ pidió la apertura de paritarias. De no haber respuesta, iniciarían las medidas de fuerza.
El secretario general de ADICUS, José Mini, explicó que desde el sindicato le solicitaron al Ministerio de Educación de la Nación la "inmediata convocatoria a la mesa paritaria" para dialogar sobre un aumento salarial.
La intención del sector docente es una recomposición del 40% en los sueldos, y el rechazo del 27,7% que acordó el Gobierno nacional con los gremios con representación federal.
"En primer lugar no oponemos a este porcentaje porque no responde a la pérdida total de nuestro salario y en segundo lugar porque no estamos de acuerdo con el método de que con cuatro centrales y sus dirigentes burocráticos, el Gobierno decida lo que tenemos que cobrar los docentes", indicó Mini.
Asimismo, el representante sindical advirtió que si hasta el próximo 13 de marzo no hay una reapertura de las paritarias nacionales, "vamos a parar por una semana". "Y si no hay respuesta, vamos a fijar si el inicio de clases será el día 30 de marzo o el 6 de abril", agregó.
Los docentes universitarios solicitan un aumento del 40% en el cargo testigo y que el mismo sea retroactivo al 1 de enero, además de la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo que, según Mini, "está resuelto pero no tiene la sanción ni la aplicación por parte de las autoridades competentes a nivel nacional".
El senador sanjuanino cuestionó las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete sobre las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales.
El gobernador fue consultado por las versiones que ubican a la provincia dentro de una gira que el Presidente realizaría por el interior del país. Aseguró que no recibió información oficial.
El gobernador defendió el financiamiento aprobado por la Legislatura, aseguró que la obra pública es una prioridad y sostuvo que San Juan debe prepararse para aprovechar las inversiones que proyecta para los próximos años.
Los imputados acordaron una reparación económica de $1.000.000 para cada damnificado, pero una disputa entre Fiscalía y el juez de Garantías frenó la homologación del acuerdo.
Roberto Dany Sarmiento y su esposa, Myriam Muñoz, aceptaron una pena de tres años de prisión condicional en el marco de la causa iniciada tras una transferencia duplicada realizada por una minera.