La Cámara de Diputados de la Nación ratificó ayer el convenio correspondiente para el avance de la construcción del Túnel Internacional Paso de Agua Negra, que unirá a San Juan con la Región de Coquimbo en Chile.
Maqueta. Esbozo gráfico de lo que se pretende para el paso internacional a Chile.
El acuerdo forma parte del Segundo Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile, parte fundamental del Corredor Bioceánico Central que consiste en una vía que conectará el puerto pacífico de Coquimbo con el puerto atlántico de Porto Alegre, pasando por la región central de Argentina y Chile.
El diputado nacional, Daniel Tomas, en diálogo con Radio La Red se refirió a lo que significa la aprobación de la ley. “Esto significa en la práctica que a partir de ahora, con la presencia ayer de la Intendenta de Coquimbo ellos tienen que ratificar el protocolo en el Congreso, que ya se han comprometido para marzo”
Además, Tomas se refirió al llamado de licitación para la futura obra y dijo que “ya hay 23 oferentes, hay una lista de empresas nacionales e internacionales y con eso entrarán a evaluar dentro de la presentación la capacidad técnica y financiera, cómo lo van a pagar, cómo lo van a financiar”.
“Nosotros creemos que esto tiene que estar para mediados de año, ya en esta etapa de adjudicación y el ente binacional tiene que hacer el seguimiento de estos pasos”, concluyó Tomas.
El senador sanjuanino cuestionó las explicaciones brindadas por el jefe de Gabinete sobre las inconsistencias detectadas en sus declaraciones patrimoniales.
El gobernador fue consultado por las versiones que ubican a la provincia dentro de una gira que el Presidente realizaría por el interior del país. Aseguró que no recibió información oficial.
El gobernador defendió el financiamiento aprobado por la Legislatura, aseguró que la obra pública es una prioridad y sostuvo que San Juan debe prepararse para aprovechar las inversiones que proyecta para los próximos años.
Los imputados acordaron una reparación económica de $1.000.000 para cada damnificado, pero una disputa entre Fiscalía y el juez de Garantías frenó la homologación del acuerdo.
Más de cuatro siglos después, la provincia recuerda sus orígenes y el legado de quienes habitaron estas tierras antes y después de la llegada de los españoles.