Detención de Clavel: La Justicia Federal no autorizó su excarcelación

El ex interventor del PAMI en San Juan, Jorge Clavel, quedó detenido por la Policía Federal junto a su “mano derecha” Leonardo Páez, en base a un contundente expediente, bajo la acusación por sobrevalorar un inmueble y realizar acciones incompatibles con la función pública. Ambos acusados se encuentran en el Penal de Chimbas.

Clavel está detenido en el Penal. Supuestamente, su abogado aún no accede al expediente.

 

El jueves la Policía Federal ingresó a la casa de Clavel con una orden de allanamiento, y lo detuvo inmediatamente. Según su abogado defensor, Alberto Sevilla, fue “todo muy rápido”, por lo que aún no pudo acceder al expediente. Sin embargo, en ese mismo momento el letrado procedió a pedir la excarcelación para el ex interventor, que si bien el Fiscal aprobó, el Juzgado entendió que aún no estaban dadas las condiciones.

“El fiscal entendió que podía otorgarse el beneficio, pero Juzgado afirmó que no se daban las condiciones. Debe esperar 10 días para esperar qué sucede con su situación procesal. Están en el Penal”, indicó Sevilla.

Además, dijo que Clavel aún no declara, y que eso sucederá cuando puede acceder al contenido de la causa penal, con todos sus expedientes administrativos, para generar una defesa adecuada.

Entre otras tantas acusaciones contra la gestión corrupta que se atribuye al ex interventor, figura una obra de tenido eléctrico para la sede de PAMI en Rawson, que habría sido costeada sin haberse realizado. Al respecto, Sevilla aseguró que “entiendo que no es así pero lo verificaremos con el expediente”.

De igual modo con otra acusación, a lo que el abogado respondió lo mismo: “no accedí al expediente dada la rapidez del procedimiento”. Pero, algunas cosas sobre el expediente parecía conocer.

“Yo le cuento lo que hay en el expediente. Una nota presentada por uno de los letrados de PAMI, y luego una declaración de la propietaria de la empresa que quedó fuera, pero no tengo más constancia de lo que hicieron ahora o no. Me parece que merece una investigación mucho más profunda”, expresó, además señaló que no se puede estimar la defraudación porque “en el expediente no hay ningún monto”.

Por otro lado, Sevilla aseguró que muchas de las citaciones administrativas son anónimas y de ellas se fió la UFI para realizar los procesos administrativos.

“Se lo acusa de sobrevalorar un inmueble, y negociaciones incompatibles con función pública, de haber tenido en sus manos la  posibilidad de no hacer por licitaciones algunas cuestiones”, expresó el defensor, y concluyó: “Desde el punto de vista administrativo es común, se puede hacer por concurso de precio  o compras directas. Hay que ver qué facultades tenía al frente del PAMI para verificar si fue hecho de forma regular o irregular”.