Después de Nisman, la Presidenta quedó vinculada a otra denuncia

La presidenta Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, quedaron ayer en medio de una denuncia judicial presentada por el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, quien describió una "megamaniobra de encubrimiento tanto al poder político como empresario", para evitar que las causas de lavado y evasión alcancen al hombre de negocios kirchnerista.

El caso es la primera reacción de un fiscal federal en una causa judicial tras la dudosa muerte de su colega Alberto Nisman, a la que alude Moldes en su denuncia: "La tarea a desarrollar [en la investigación] se anuncia intrincada y cuantiosa, y no faltarán enormes tensiones para los que se decidan a abrir esta caja de Pandora, pues no hay dudas de que en todos los niveles se desarrollarán ingentes esfuerzos para que, otra vez, todo quede en la nada. Los trágicos acontecimientos de las últimas horas no hacen más que agregar dramatismo a estas prevenciones".

La denuncia, que se originó en octubre pasado, judicializada luego por los diputados Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso (todos de Pro), fue profundizada durante tres meses por Moldes, que reunió 250 fojas de documentos que acompañan su presentación.

En su investigación tuvo a la vista el expediente sobre la empresa de la Presidenta, Hotesur, que investiga el juez Claudio Bonadio, una causa por facturas truchas supuestamente usadas por empresas de Báez que investiga la Justicia de Bahía Blanca, otra similar que investiga el juez Javier López Biscayart y el caso por lavado de dinero contra el empresario kirchnerista del juez Sebastián Casanello.

El fiscal de Cámara, uno de los que verá limitado su poder si prospera la designación de dos fiscales subrogantes que lo acompañen -como dispuso su jefa, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó-, describió una supuesta maniobra de encubrimiento de la AFIP y Echegaray para proteger a las empresas de Báez en cada una de esas investigaciones.

Escribió Moldes que en lo relacionado con las empresas hoteleras "deben ser investigados a fondo, sin importar ni su jerarquía institucional, ni sus lazos afectivos o familiares", Báez y "sus socios o personas comercialmente relacionadas". La alusión de Moldes a la Presidenta Kirchner y a su hijo Máximo es obvia, dado que son los investigados por Bonadio.

"Evidentemente, alguien con gran poder de decisión debe impartir las órdenes [tan celosamente obedecidas] para que estos acontecimientos se repitan alegremente y la cubierta protectora de Báez y su conglomerado no se agriete", agrega.

Y concluye: "Tras casi tres meses de ininterrumpido trabajo, esta encuesta me permite, con el grado de provisoriedad que la situación impone, suscribir la hipótesis de que existen indicios del funcionamiento de una red tutelar dedicada a bajar las cortinas de la complicidad o el silencio para evitar que se destapen chanchullos de Báez, ya sea mediante la sobrefacturación de la obra pública, la evasión fiscal o el uso de documentación ficticia, por no hablar de las operaciones, aún más inexplicables, como el escandaloso pago de alojamientos no usufructuados en determinadas cadenas hoteleras".

La denuncia de Moldes fue sorteada en la Cámara Federal y cayó en el juzgado de Norberto Oyarbide, que durante la feria judicial es atendido por su colega Rodolfo Canicoba Corral. El fiscal que se hará cargo de la causa es Guillermo Marijuan, que por lo que resta del verano es reemplazado por su colega Gerardo Pollicita. La denuncia advierte sobre lo que denomina un "protocolo por parte de la administración para proteger al señor Báez y, a su vez, a la señora Presidenta".

Moldes entendió, tras analizar la causas judiciales mencionadas, que "una única finalidad recorre transversalmente todo el paisaje: explotar al máximo la protección de los organismos del Estado para sacar a Báez de todo atisbo de investigación". Y dijo: "Las acciones delictivas desarrolladas por el conglomerado Báez en la ejecución de obra pública sobrefacturada y la actividad hotelera e inmobiliaria no hizo más que viabilizar la circulación de dinero, producto de una actividad criminal con la intención de reinyectarlo en el mercado y el propósito de dotarlo de apariencia de legalidad".

Y dijo que las actividades criminales investigadas "podrían constituir el famoso delito precedente, cuya indefinición conspira contra el éxito de las causas de lavado de dinero que investigan jueces de la Argentina, Estados Unidos, Uruguay, y hasta que no tengamos noticias de una resolución definitiva, Suiza".

Fuente: La Nación.