Multas a funcionarios: Ellos incumplen, nosotros pagamos millones

Desde la Fiscalía de Estado de la Provincia comenzarían a aplicar multas a aquellos funcionarios que no cumplen con las órdenes judiciales, generando un gasto innecesario al Estado, es decir, a todos nosotros. Se trata de la Astreinte, una sanción valuada en dinero contra quien demora el cumplimiento de una orden judicial y a modo de “presión” tiene como característica un incremento periódico según el tiempo de retardo en que incurre el deudor.

El Estado gasta más de 20 millones de pesos por la impunidad de los funcionarios.

 

Es así. Muchos de los funcionarios que nos representan no cumplen con la ley. Simple, la Justicia ordena y muchos no solo no lo hacen, sino que no lo hacen con intención. Luego, se vencen los plazos y el Estado se hace cargo de los costos. ¿Por qué? Porque aunque las moras o errores son de personas, las áreas que dirigen conciernen al Estado.

Nuestras leyes prevén, sin embargo, que cuando el incumplimiento sea de “mala fe” se haga cargo el funcionario, porque lo cierto es que en San Juan el Estado paga alrededor de 24 millones de pesos al año por sus irresponsabilidades.

El Fiscal Guillermo de Sanctis destacó que no firmará un expediente más que haga cargo al Estado y comenzó a citar a funcionarios para que resuelvan sus moras de una buena vez. La primera fue la Ministra de Educación, quien llegó el día de la cita con la resolución en mano que hacía mucho tiempo se le había ordenado.

“En el caso del Estado, los funcionarios aún con la intimación, se demoran. La multa termina pagándola el Estado. Ahora se quiere terminar con una cantidad importante de dinero que se paga, segundo, con que el funcionario dilate en el tiempo el acto de resolución”, explicó el Fiscal de Estado.

Además, aseguró que “es bastante común que ante el incumplimiento los funcionarios sigan sin cumplir, cuando se hace cuasi intencionalmente, corresponde y así lo dice la doctrina, que no pague con fondos públicos, sino que pague el funcionario incumplidor”.

Por este tipo de incumplimientos, hay casos que superan los $100.000 y llevan más de 3 años, cuando son trámites que podrían resolverse en menos de 90 días. Dinero que pagamos todos.

“El funcionario que no cumple una orden judicial es delito. No cualquier incumplimiento, cualquier descuido o extravío del expediente puede dar lugar a esto, pero sí un incumplimiento malicioso que perjudique a terceros u arcas públicas, la constitución lo hace responsable como persona”, concluyó De Sanctis.

Como vemos, de los fondos que maneja el Estado para cubrir nuestros derechos básicos, un gran porcentaje suele destinarse a falta de voluntades e incompetencia política. Es bueno saberlo, y exigir que no suceda.