la haya La Argentina denunció a los Estados Unidos ante los tribunales internacionales de La Haya por el conflicto con los buitres.
Con esta denuncia, se abre litigio internacional por el fallo a favor de los holdouts.
El Gobierno nacional justificó la iniciativa al considerar que las decisiones adoptadas por el juzgado neoyorquino de Thomas Griesa sobre la reestructuración de la deuda violan la soberanía argentina y otras inmunidades de la Nación.
"La República Argentina completó hoy en el Registro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya un documento, con fecha 7 de agosto 2014, titulado Aplicación para instituir procedimiento contra los Estados Unidos de América, con respecto a la disputa concerniente a la decisión judicial de EEUU relativa a la reestructuración de la deuda soberana argentina. La Argentina sostiene que Estados Unidos ha cometido violaciones a la soberanía argentina y a la inmunidad y otras violaciones relacionadas, como resultado de las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales concernientes a la reestructuración de la deuda pública argentina". dice un comunicado divulgado por la Corte, con sede en la ciudad holandesa La Haya.
Un comunicado emitido por la Cancillería aclaró que en el caso de que los Estados Unidos no aceptaran la competencia de la Corte, la Argentina entiende que "ese país está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo" para resolver la controversia, según lo establecen la Carta de la ONU, la de la OEA y del derecho internacional general.
La Policía realizó 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores del departamento. Se incautaron motocicletas con irregularidades, bicicletas, herramientas vinculadas a un robo y seis personas quedaron a disposición de la Justicia.
El sujeto tenía una orden de captura vigente desde abril. Fue localizado por personal de Investigaciones Norte durante un operativo realizado en la zona norte del Gran San Juan.
Los imputados acordaron una reparación económica de $1.000.000 para cada damnificado, pero una disputa entre Fiscalía y el juez de Garantías frenó la homologación del acuerdo.