365 días prófugos, un año de impunidad
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olivera de marchi
Hace un año exactamente, la Justicia Federal sanjuanina admitía que dos hombres condenados por hechos de Lesa Humanidad se trasladaran a Buenos Aires para ser atendidos medicamente. Este permiso irrisorio del Juez Rago Gallo, terminó en la fuga de Jorge Olivera y Gustavo Demarchi, de quienes hasta hoy no se tiene ninguna novedad: 365 días prófugos.
Dos delincuentes amigos del poder.
Eloy Camus, militante de Derechos Humanos y querellante en la fuga, indicó que “no nos debe sorprender que no haya novedades”, ya resignado con la actuación judicial de este país, sobre todo del Juez Claudio Bonadío, Titular del Juzgado Nacional en lo Criminal, que no tendría ninguna intención de investigar.
Algunas muestras de su tibieza, según Camus, son por ejemplo el procesamiento mínimo de Marta Ravasi por complicidad en la fuga, con pena excarcelable y también prófuga, o la multa que el Juez dispuso al personal del Servicio Penitenciario. Además, se refirió a la falta de investigación a los profesionales que otorgaron los turnos médicos, los directivos que fueron separados del Hospital Militar (ya denunciados por crímenes en Malvinas), ni la responsabilidad de la Justicia Federal de San Juan. Para el militante de Derechos Humanos la Justicia Federal funciona corporativamente.
“Todas las personas que facilitaron que vaya a un dermatólogo. De pronto y porrazo tuvieron que ir al dermatólogo, psicólogo, dentista, todo junto. Los funcionarios de San Juan sin preguntarle al Tribunal Oral Federal que acababa de condenar, a la Cámara de Apelación de Mendoza, si tenían observación, permitieron que viajaran”, resaltó Eloy.
El militante sigue sosteniendo que el Poder Judicial fue cómplice de la dictadura que vivió nuestro país, y lamentablemente hoy todo eso se conjuga para que continúe la impunidad. “La dictadura no se hubiera consumado si los jueces que estaban en ese momento hubiesen recibido los Habeas Corpus para evitar este genocidio”, dice, y recuerda que Olivera y Demarchi no son los únicos prófugos, y que de hecho ambos ya habían escapado a la justicia anteriormente.
Además, resaltó que tres camaristas de Mendoza, juzgados por delitos de lesa humanidad, fueron liberados, y “graciosamente” la Justicia Federal de San Juan, “en un exceso de garantismo y confianza” con los represores, permite que viajen al Hospital Militar de un momento a otro.
La misma impunidad y falta de responsabilidad se denota ante los 8 tiros de una 9mm a Rivas, el testigo de la causa Carvajal. “Pero no se por qué se preocupan si la Justicia nunca investigó”, retomó Camus.
Por otro lado, si bien se difundió que Bonadío había congelado los bienes de Olivera y Demarchi en septiembre del año pasado, hubo una suma de $20.000.000, supuestos para financiar a los fugados, que se incautó por el Juez pero fue devuelta a la familia de Olivera con disponibilidad absoluta. La Fiscal Peñafort analizó el movimiento de la cuenta y ratificó la presencia de estos fondos. De hecho, Aguad denunció y pidió la inhibición de estos fondos, pero el Juez Claudio Bonadío los devolvió a la familia.
Poco y nada, y poco mal hecho. Un año entero para que, para variar, los “poderosos” manejen hasta las leyes. El expediente manifiesta que Dermarchi habría sido visto en fecha próxima a su fuga en Corrientes, en una estancia llamada Susanita. Sin embargo, Bonadío envío un equipo policial al lugar 15 días después del aviso. A Olivera se lo habría visto por última vez en Mendoza.
“A esta altura no me extraña que hayan andado por acá. A mí me han dicho que lo han visto a Demarchi en Calingasta. No me consta ni mucho menos. ¿Por qué no lo agarraste y listo? Te pagan 2 millones de pesos. No hay indicios concretos”, manifestó Eloy Camus y concluyó describiendo a la Justicia argentina: “manifiesta abulia, desidia y complicidad”.
Dos delincuentes amigos del poder.
Eloy Camus, militante de Derechos Humanos y querellante en la fuga, indicó que “no nos debe sorprender que no haya novedades”, ya resignado con la actuación judicial de este país, sobre todo del Juez Claudio Bonadío, Titular del Juzgado Nacional en lo Criminal, que no tendría ninguna intención de investigar.
Algunas muestras de su tibieza, según Camus, son por ejemplo el procesamiento mínimo de Marta Ravasi por complicidad en la fuga, con pena excarcelable y también prófuga, o la multa que el Juez dispuso al personal del Servicio Penitenciario. Además, se refirió a la falta de investigación a los profesionales que otorgaron los turnos médicos, los directivos que fueron separados del Hospital Militar (ya denunciados por crímenes en Malvinas), ni la responsabilidad de la Justicia Federal de San Juan. Para el militante de Derechos Humanos la Justicia Federal funciona corporativamente.
“Todas las personas que facilitaron que vaya a un dermatólogo. De pronto y porrazo tuvieron que ir al dermatólogo, psicólogo, dentista, todo junto. Los funcionarios de San Juan sin preguntarle al Tribunal Oral Federal que acababa de condenar, a la Cámara de Apelación de Mendoza, si tenían observación, permitieron que viajaran”, resaltó Eloy.
El militante sigue sosteniendo que el Poder Judicial fue cómplice de la dictadura que vivió nuestro país, y lamentablemente hoy todo eso se conjuga para que continúe la impunidad. “La dictadura no se hubiera consumado si los jueces que estaban en ese momento hubiesen recibido los Habeas Corpus para evitar este genocidio”, dice, y recuerda que Olivera y Demarchi no son los únicos prófugos, y que de hecho ambos ya habían escapado a la justicia anteriormente.
Además, resaltó que tres camaristas de Mendoza, juzgados por delitos de lesa humanidad, fueron liberados, y “graciosamente” la Justicia Federal de San Juan, “en un exceso de garantismo y confianza” con los represores, permite que viajen al Hospital Militar de un momento a otro.
La misma impunidad y falta de responsabilidad se denota ante los 8 tiros de una 9mm a Rivas, el testigo de la causa Carvajal. “Pero no se por qué se preocupan si la Justicia nunca investigó”, retomó Camus.
Por otro lado, si bien se difundió que Bonadío había congelado los bienes de Olivera y Demarchi en septiembre del año pasado, hubo una suma de $20.000.000, supuestos para financiar a los fugados, que se incautó por el Juez pero fue devuelta a la familia de Olivera con disponibilidad absoluta. La Fiscal Peñafort analizó el movimiento de la cuenta y ratificó la presencia de estos fondos. De hecho, Aguad denunció y pidió la inhibición de estos fondos, pero el Juez Claudio Bonadío los devolvió a la familia.
Poco y nada, y poco mal hecho. Un año entero para que, para variar, los “poderosos” manejen hasta las leyes. El expediente manifiesta que Dermarchi habría sido visto en fecha próxima a su fuga en Corrientes, en una estancia llamada Susanita. Sin embargo, Bonadío envío un equipo policial al lugar 15 días después del aviso. A Olivera se lo habría visto por última vez en Mendoza.
“A esta altura no me extraña que hayan andado por acá. A mí me han dicho que lo han visto a Demarchi en Calingasta. No me consta ni mucho menos. ¿Por qué no lo agarraste y listo? Te pagan 2 millones de pesos. No hay indicios concretos”, manifestó Eloy Camus y concluyó describiendo a la Justicia argentina: “manifiesta abulia, desidia y complicidad”.
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