Según su defensa, fue “ilegal y autoritario” que le hayan sacado los haberes mensuales que percibía por haber sido presidenta y como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.
Estados Unidos no investigará a tuiteros argentinos
Nacionales El pedido de identificación de usuarios de la red social que apoyan al suspendido juez Campagnoli lo presentó la fiscal que subroga al mencionado magistrado. Washington lo rechazó de plano.
Sin persecución. Estados Unidos no identificará a los tuiteros que apoyan al suspendido juez.
Fuente: La Nación
Una fiscal que se sintió hostigada, un pedido improcedente y una fuerza de seguridad que utilizó de forma exagerada un convenio de cooperación bilateral formaron parte de un cóctel que terminó en el rechazo de un organismo de inteligencia extranjero. El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos (Homeland Security) desestimó el pedido que realizó el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía Federal Argentina, para identificar a un grupo de tuiteros que apoya al fiscal suspendido José María Campagnoli.
Las alarmas sonaron cuando 11 usuarios de la red social Twitter, entre ellos dos estrechos colaboradores de Campagnoli, recibieron el 16 de mayo una solicitud del departamento legal de la empresa por orden del Departamento de Seguridad Interior estadounidense. En el pedido, Twitter les solicitaba autorización para dar a conocer sus identidades y sus datos personales.
El organismo de seguridad, que fue creado luego de los atentados terroristas a las Torres Gemelas, rechazó el pedido porque el "hostigamiento" no está encuadrado dentro de los delitos que tienen convenio de cooperación con la Argentina. Aunque reconocieron que se "trata de un procedimiento estándar". Todo comenzó en febrero de este año con la denuncia que realizó la fiscal que reemplaza a Campagnoli en su cargo, Cristina Caamaño, según publicó anteayer Clarín.
La ex secretaria de Seguridad realizó una denuncia contravencional por hostigamiento contra algunos de los tuiteros que apoyan al fiscal suspendido, entre los que se encuentran las cuentas @SergioFDoormann, @richito18, @eleduMOP, @ProcuLegitima, @Vigoroth92, @CarlBonifatti74%, @mariaFerrante, @anamagarupstre, @scarlet1864, @anabelochio y @andres.
En su presentación, Caamaño adjuntó tres hojas con tuits que consideraba "atemorizantes" de las cuentas mencionadas y agregó dos más: las de Ignacio Rodríguez Varela (@ignaciorodrigu1) y Andrés Rimoldi (@andres_rimoldi), ambos empleados de la fiscalía de Campagnoli. "Son todos pasos persecutorios; lo que buscan es desplazarnos de la fiscalía de Saavedra. A Campagnoli ya le sacaron hasta el despacho. Sólo quedaron los chicos de mesa de entrada", dijo a Rodríguez Varela, secretario de la Fiscalía desde hace 21 años.
La fiscal a cargo de la investigación, Daniela Dupuy, avanzó con el pedido de pruebas. Para eso instruyó a la Policía Federal a "que arbitre los medios necesarios para identificar de dónde salieron los tuits". En comunicación con la prensa, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal porteño, aclaró: "Nunca di la orden para que le solicitaran la información al Homeland Security, no di esa orden ni la daría. Desconozco lo que hizo la Policía".
El recorrido de la historia sobre el pedido tiene en este punto una cuestión central. ¿La División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal hizo un pedido de rutina o se excedió en la solicitud? Desde la fuerza de seguridad no tienen dudas. "Ellos [por la División Delitos Tecnológicos] reciben requerimientos judiciales de todo tipo, incluso contravencionales. La policía ignora quién hace la denuncia y de qué se trata", explicaron fuentes policiales.
Con el pedido de Twitter en sus manos, Rodríguez Varela y Rimoldi presentaron un recurso de hábeas corpus, pero éste fue desestimado por la Cámara del Crimen. Además, enviaron una nota a la embajada de los Estados Unidos donde relataron los pormenores de la investigación. Desde la embajada norteamericana no hicieron comentarios sobre estos hechos.
Por su parte, Caamaño, que actúa como subrogante en la fiscalía descentralizada de los barrios de Saavedra y Núñez, explicó que realizó la denuncia "tras haber recibido amenazas de muerte". En un comunicado de prensa, aseguró que "desde entonces no tuvo noticias del avance de la causa y desmintió haber impulsado medidas destinadas a coartar la libertad de expresión".
Ayer, las primeras informaciones aseguraban que el pedido a la Homeland Security obedeció a una solicitud de cooperación de la Cancillería. Si bien desde el Ministerio a cargo de Héctor Timerman desmintieron haber solicitado la información, se supo que sí ingresó un pedido oficial para que ese organismo envíe un exhorto al Departamento de Seguridad Interior, pero éste fue rechazado.
Sin persecución. Estados Unidos no identificará a los tuiteros que apoyan al suspendido juez.
Fuente: La Nación
Una fiscal que se sintió hostigada, un pedido improcedente y una fuerza de seguridad que utilizó de forma exagerada un convenio de cooperación bilateral formaron parte de un cóctel que terminó en el rechazo de un organismo de inteligencia extranjero. El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos (Homeland Security) desestimó el pedido que realizó el Ministerio de Seguridad, a través de la Policía Federal Argentina, para identificar a un grupo de tuiteros que apoya al fiscal suspendido José María Campagnoli.
Las alarmas sonaron cuando 11 usuarios de la red social Twitter, entre ellos dos estrechos colaboradores de Campagnoli, recibieron el 16 de mayo una solicitud del departamento legal de la empresa por orden del Departamento de Seguridad Interior estadounidense. En el pedido, Twitter les solicitaba autorización para dar a conocer sus identidades y sus datos personales.
El organismo de seguridad, que fue creado luego de los atentados terroristas a las Torres Gemelas, rechazó el pedido porque el "hostigamiento" no está encuadrado dentro de los delitos que tienen convenio de cooperación con la Argentina. Aunque reconocieron que se "trata de un procedimiento estándar". Todo comenzó en febrero de este año con la denuncia que realizó la fiscal que reemplaza a Campagnoli en su cargo, Cristina Caamaño, según publicó anteayer Clarín.
La ex secretaria de Seguridad realizó una denuncia contravencional por hostigamiento contra algunos de los tuiteros que apoyan al fiscal suspendido, entre los que se encuentran las cuentas @SergioFDoormann, @richito18, @eleduMOP, @ProcuLegitima, @Vigoroth92, @CarlBonifatti74%, @mariaFerrante, @anamagarupstre, @scarlet1864, @anabelochio y @andres.
En su presentación, Caamaño adjuntó tres hojas con tuits que consideraba "atemorizantes" de las cuentas mencionadas y agregó dos más: las de Ignacio Rodríguez Varela (@ignaciorodrigu1) y Andrés Rimoldi (@andres_rimoldi), ambos empleados de la fiscalía de Campagnoli. "Son todos pasos persecutorios; lo que buscan es desplazarnos de la fiscalía de Saavedra. A Campagnoli ya le sacaron hasta el despacho. Sólo quedaron los chicos de mesa de entrada", dijo a Rodríguez Varela, secretario de la Fiscalía desde hace 21 años.
La fiscal a cargo de la investigación, Daniela Dupuy, avanzó con el pedido de pruebas. Para eso instruyó a la Policía Federal a "que arbitre los medios necesarios para identificar de dónde salieron los tuits". En comunicación con la prensa, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal porteño, aclaró: "Nunca di la orden para que le solicitaran la información al Homeland Security, no di esa orden ni la daría. Desconozco lo que hizo la Policía".
El recorrido de la historia sobre el pedido tiene en este punto una cuestión central. ¿La División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal hizo un pedido de rutina o se excedió en la solicitud? Desde la fuerza de seguridad no tienen dudas. "Ellos [por la División Delitos Tecnológicos] reciben requerimientos judiciales de todo tipo, incluso contravencionales. La policía ignora quién hace la denuncia y de qué se trata", explicaron fuentes policiales.
Con el pedido de Twitter en sus manos, Rodríguez Varela y Rimoldi presentaron un recurso de hábeas corpus, pero éste fue desestimado por la Cámara del Crimen. Además, enviaron una nota a la embajada de los Estados Unidos donde relataron los pormenores de la investigación. Desde la embajada norteamericana no hicieron comentarios sobre estos hechos.
Por su parte, Caamaño, que actúa como subrogante en la fiscalía descentralizada de los barrios de Saavedra y Núñez, explicó que realizó la denuncia "tras haber recibido amenazas de muerte". En un comunicado de prensa, aseguró que "desde entonces no tuvo noticias del avance de la causa y desmintió haber impulsado medidas destinadas a coartar la libertad de expresión".
Ayer, las primeras informaciones aseguraban que el pedido a la Homeland Security obedeció a una solicitud de cooperación de la Cancillería. Si bien desde el Ministerio a cargo de Héctor Timerman desmintieron haber solicitado la información, se supo que sí ingresó un pedido oficial para que ese organismo envíe un exhorto al Departamento de Seguridad Interior, pero éste fue rechazado.
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