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Denunció que perdió más de $167 millones en una falsa inversión y un policía retirado quedó imputado

La denuncia apunta contra Lino Godoy, un expolicía mendocino que habría recibido el dinero en sus cuentas bancarias. La Justicia abrió una investigación por 12 meses.
20 de noviembre de 2026Diario MóvilDiario Móvil
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Una denuncia por una presunta estafa que supera los $167 millones llegó a la Justicia sanjuanina y terminó con un policía retirado de Mendoza formalmente imputado. Se trata de Lino Godoy, quien quedó bajo investigación por su posible participación en una maniobra mediante la cual un hombre habría sido convencido de transferir importantes sumas de dinero con la promesa de obtener ganancias a través de inversiones.

De acuerdo con la hipótesis que se expuso durante la audiencia, el vínculo entre la víctima y quienes estarían detrás de la operatoria se habría iniciado mediante mensajes de WhatsApp. Los contactos provenían de números telefónicos correspondientes a México y, a partir de esas conversaciones, el denunciante habría recibido propuestas para colocar dinero en supuestas inversiones.

Sin embargo, la operación terminó con una pérdida millonaria. El damnificado denunció que transfirió un total de $167.860.000 y la investigación puso el foco en Godoy, señalado como titular de las cuentas bancarias en las que habrían ingresado los fondos.

La causa tuvo un avance importante con la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. Allí, la jueza Ana Carolina Parra resolvió imputar al expolicía como presunto partícipe necesario del delito de estafa, contemplado en el artículo 172 del Código Penal, y habilitó un plazo de 12 meses para que la fiscalía profundice las medidas investigativas.

Pese a la gravedad del monto denunciado, la magistrada no dispuso la prisión preventiva y el acusado continuará en libertad. No obstante, le impuso una serie de condiciones que deberá cumplir durante los próximos cuatro meses.

Entre las restricciones establecidas, Godoy tendrá que presentarse una vez por mes en la Comisaría 14 de General Alvear, en Mendoza. También deberá solicitar autorización judicial si pretende salir del país. A esto se suma la obligación de mantenerse a disposición de la Justicia, no entorpecer la investigación y evitar cualquier tipo de contacto o acercamiento con el denunciante.

Por otra parte, Parra ordenó una medida sobre el patrimonio del imputado. Se trata de una inhibición general de bienes hasta cubrir los $167.860.000 que forman parte del reclamo, también por un período de cuatro meses. La disposición apunta a preservar los bienes mientras se intenta establecer qué ocurrió con el dinero transferido.

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