
Se reanuda la audiencia que tiene a Uñac y Andino como imputados: la jueza deberá decidir
Diario Móvil
El proceso judicial que tiene a Sergio Uñac y Cristian Andino, como así también a otros 9 exfuncionarios, por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum, se reanuda este martes. A las 14:30, en la Sala 9 de Tribunales, se retomará la audiencia de formalización que quedó interrumpida la semana pasada, luego de que las defensas plantearan la nulidad de una actuación judicial y la jueza de Garantías, Mónica Lucero, resolviera pasar a un cuarto intermedio.
En la audiencia de este martes Lucero deberá pronunciarse sobre el planteo de nulidad absoluta impulsado por las defensas de Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez, al que luego adhirieron los abogados de Uñac y Cristian Andino.
Los representantes legales cuestionaron el procedimiento utilizado para resolver una recusación anterior contra la magistrada y sostuvieron que durante ese trámite se habrían vulnerado garantías constitucionales de sus defendidos. Por su parte, la Fiscalía se opuso al planteo y consideró que no se acreditó un perjuicio concreto, además de calificarlo como una maniobra que demora el avance del proceso.
La jueza decidió analizar primero esa controversia antes de continuar con la audiencia. Su resolución será determinante para establecer si el procedimiento puede avanzar con normalidad o si corresponde revisar actuaciones anteriores.
Si el planteo es rechazado, la formalización podrá continuar y los abogados defensores tendrán la posibilidad de responder a la hipótesis acusatoria del Ministerio Público Fiscal. En cambio, si la magistrada hace lugar al pedido, deberá determinar qué consecuencias tendrá sobre el expediente y cuáles actuaciones podrían quedar alcanzadas por la nulidad.
Por qué Uñac está imputado
La causa comenzó en diciembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, basada en información periodística sobre presuntas irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum.
La hipótesis de la Fiscalía apunta a un supuesto esquema de decisiones administrativas y técnicas que habría beneficiado a Krah América Latina S.A., empresa encargada de proveer las cañerías para la obra. Entre los aspectos bajo investigación aparecen posibles modificaciones en los requisitos de contratación, flexibilizaciones de las exigencias técnicas, controles de calidad presuntamente deficientes y eventuales sobreprecios.
El proyecto hídrico quedó inconcluso y sin funcionamiento, situación que también forma parte del contexto de la investigación.
Antes del último cuarto intermedio, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, ya había expuesto su teoría del caso y detallado las conductas que considera relevantes para cada uno de los investigados.
Entre los delitos que pretende atribuir aparecen la defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, la violación de los deberes de funcionario público y las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Los principales nombres de la causa
La investigación alcanza a 11 personas que tuvieron diferentes responsabilidades políticas, administrativas, empresariales y técnicas durante el desarrollo del acueducto.
Sergio Uñac, exgobernador y actual senador nacional, es representado por Marcelo Fernández. Cristian Andino, actual diputado nacional y expresidente de OSSE, cuenta con la defensa de Guillermo Toranzo y Federico Viola.
También están bajo investigación los expresidentes del organismo Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, representados por Naser Uzair; y Juan Carlos Caparrós, patrocinado por Mario Padilla y Claudio Correa.
En el ámbito empresarial aparece Gustavo Fabián Mastelono, presidente de Krah América Latina S.A., cuya defensa está a cargo de Fernando Castro y Jorge Olivera Legleu.
Por el lado de los funcionarios y responsables técnicos figuran Francisco Correa, representado por Conrado Suárez Jofré y Jorge Olivera Legleu; Humberto Caballero, actual juez laboral y exjefe del Departamento Jurídico de OSSE, defendido por Franco Montes; y Rolando Caruso, quien también aparece entre los investigados.
Completa la nómina el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, representado por Soledad Lloveras. Su situación será tratada por separado debido a que no estuvo presente en la audiencia anterior por un viaje programado.
Cabe destacar que, pese a la exposición realizada por los fiscales y a los delitos que pretenden atribuirles, los investigados todavía no quedaron formalmente imputados en esta instancia. La audiencia de formalización permanece abierta y su continuidad depende, en primer término, de la resolución que adopte la jueza Lucero sobre el planteo de nulidad.





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