Procesaron a dos empresarios mendocinos por una disputa de tierras en Barreal

La Justicia de San Juan avanzó en una causa por presunta defraudación vinculada con cuatro hectáreas que dos abogados sanjuaninos debían recibir como honorarios. También se dispusieron embargos por al menos $40 millones.
San Juan17 de noviembre de 2026

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Una disputa judicial que comenzó hace más de una década por tierras ubicadas en Barreal, departamento Calingasta, registró un avance importante para dos abogados sanjuaninos.

Según informó Mendoza Post, la Justicia de San Juan dispuso el pasado 6 de noviembre el procesamiento sin prisión preventiva del empresario mendocino Germán Campoy Rosenthal y de su padre, el abogado Manuel Andrés Campoy, por la presunta comisión del delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados. La resolución también contempló embargos sobre bienes de los procesados por un monto informado de al menos 40 millones de pesos.
El expediente tiene como protagonistas a los abogados sanjuaninos Jorge Alberto Guevara y Gerónimo Guevara March, quienes habían sido contratados en 2014 para intervenir en una controversia societaria vinculada con Forestal S.A.

Como pago por sus servicios profesionales, habían acordado recibir cuatro hectáreas con derecho de riego de la Finca San José, en Barreal. En 2017 se firmó un acta de entrega de posesión, aunque quedaron pendientes la mensura, subdivisión y escrituración de las tierras.

El conflicto se profundizó en octubre de 2019, cuando Germán Campoy transfirió a un tercero la totalidad del inmueble, de aproximadamente 193 hectáreas, sin que se hubiera formalizado la transferencia de la superficie comprometida con los abogados. La denuncia penal fue presentada en febrero de 2020 y dio lugar a la investigación que ahora registra esta resolución.

Durante su defensa, Germán Campoy sostuvo que las hectáreas funcionaban como garantía y que la venta buscaba afrontar el pago de los honorarios. El juzgado consideró que existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento de ambos investigados.

La decisión no constituye una condena definitiva. Los imputados mantienen la presunción de inocencia mientras continúa el trámite judicial.

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