Diario Móvil
Lo que debía ser el cierre de un plan de ahorro terminó convirtiéndose en una larga disputa judicial para una mujer de San Juan. Después de cumplir con todos los pagos durante siete años, María Alejandra Tobares se encontró con que Volkswagen no estaba dispuesta a devolverle la totalidad del dinero que había aportado. La respuesta de la compañía la llevó a iniciar una demanda y, tras atravesar dos instancias judiciales, consiguió un fallo favorable que terminó representando un resarcimiento superior a los $70 millones.
La historia comenzó el 28 de febrero de 2015, cuando Tobares suscribió un contrato en la concesionaria Goldstein para acceder a un Volkswagen Take Up. Durante la vigencia del plan cumplió con las 84 cuotas mediante débito automático, hasta completar el cronograma el 31 de mayo de 2022.
Sin embargo, cuando llegó el momento de recuperar sus ahorros, apareció el problema. La administradora tenía un plazo de 30 días para realizar la devolución, pero no cumplió con esa obligación. En lugar de reintegrar el monto completo, Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados ofreció pagar solamente el 64% de lo aportado.
La explicación de la firma fue que el grupo de ahorristas al que pertenecía la mujer registraba atrasos en los pagos y que, por una disposición incluida en el contrato, la devolución dependía de los fondos disponibles.
Tobares no aceptó esa respuesta. Primero recurrió a la Dirección de Defensa al Consumidor, donde se inició una actuación administrativa contra la empresa. Después decidió avanzar por la vía judicial con una demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios, patrocinada por Diego González Vila y Carolina Lanciani.
El expediente quedó radicado en el Cuarto Juzgado Civil, bajo la conducción del juez Humberto Conti. Entre los planteos de la representación legal figuraba que Volkswagen debía devolver el equivalente actualizado de las 84 cuotas, tomando como referencia el precio de un vehículo de características similares al contratado. También reclamaron intereses, indemnización por daño moral y una sanción por daño punitivo.
Uno de los aspectos centrales de la discusión fue una cláusula que permitía a la administradora reducir los pagos cuando el dinero disponible en el grupo de ahorro no alcanzara para cubrir todos los reintegros. La Justicia consideró que esa disposición no podía trasladar a la consumidora los riesgos económicos propios del funcionamiento de la empresa.
En su resolución, Conti sostuvo que se trataba de una relación de consumo y que las condiciones del contrato habían sido establecidas unilateralmente por la compañía. Por ese motivo, entendió que correspondía aplicar las normas de protección al consumidor y declaró nula la cláusula utilizada para justificar la devolución parcial.
El magistrado también cuestionó que una firma especializada en este tipo de operaciones pretendiera desligarse de las consecuencias de la morosidad de otros integrantes del grupo, haciendo recaer ese perjuicio sobre una clienta que había cumplido con todos sus compromisos.
La sentencia fue apelada por ambas partes. Sin embargo, Volkswagen sufrió un revés procesal durante la revisión ante la Sala IV de la Cámara Civil: sus representantes llegaron tarde a la audiencia en la que debían fundamentar oralmente los cuestionamientos al fallo. Como consecuencia, los camaristas declararon desierto el recurso de la empresa y dejaron sin posibilidad de revisión los puntos que pretendía discutir.
La decisión de confirmar la condena fue adoptada con el voto de la jueza María Eugenia Varas, al que adhirieron Juan Jesús Romero y Carlos Fernández Collado. De esta manera, quedó firme el criterio de que Volkswagen debía restituir el ahorro completo, sin descontar gastos administrativos.
En cuanto a los montos, la resolución estableció que las 84 cuotas debían calcularse según el valor actualizado del Volkswagen Take Up o del modelo que lo reemplazara dentro de la gama, como podría ser un Polo Trend.
A esa suma se agregaron intereses del 8% anual desde el incumplimiento, ocurrido el 30 de junio de 2022, hasta el dictado de la sentencia de primera instancia, el 27 de agosto de 2025. A partir de entonces, correspondía aplicar la tasa activa del Banco Nación hasta la cancelación de la deuda.
El fallo también reconoció $2.000.000 por daño moral y fijó una sanción por daño punitivo equivalente a cinco Canastas Básicas Totales para un Hogar Tipo 3, calculadas según los valores del INDEC de junio de este año. Este último concepto representó $5.641.990, antes de los intereses correspondientes.
Finalmente, entre la devolución actualizada de los aportes, los intereses y las indemnizaciones, Volkswagen terminó pagando $70.660.326 a Tobares, de acuerdo con lo informado por su abogado Diego González Vila.
