Aprobaron un nuevo régimen para impulsar a los proveedores y abre una oportunidad para San Juan

El desarrollo de los grandes emprendimientos mineros que se proyectan en Argentina no solamente dependerá de las inversiones de las compañías que exploten los yacimientos. También necesitará una estructura industrial capaz de fabricar maquinaria, producir componentes, montar instalaciones y garantizar los insumos necesarios para poner en marcha las operaciones. En ese escenario, un nuevo proyecto aprobado en el Senado podría convertirse en una herramienta para potenciar a las empresas proveedoras nacionales.

Se trata del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que obtuvo media sanción en la Cámara alta con 60 votos afirmativos y dos negativos. La propuesta establece beneficios impositivos para inversiones a partir de los 12 millones de dólares y busca ofrecer una alternativa para aquellos proyectos que no ingresan en los parámetros del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La iniciativa adquiere particular importancia para provincias mineras como San Juan, donde el avance de los proyectos de cobre, oro y otros minerales demandará una creciente participación de empresas industriales y prestadoras de servicios.

Entre los beneficios contemplados aparecen mecanismos para recuperar más rápidamente parte del capital destinado a inversiones productivas. El proyecto incluye amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, devolución anticipada de créditos fiscales del IVA y estabilidad tributaria durante 30 años para quienes ingresen al régimen.

La intención es facilitar que las compañías puedan modernizar sus instalaciones, incorporar tecnología, ampliar su capacidad de fabricación y cumplir con las exigencias que imponen los grandes emprendimientos internacionales.

En ese universo aparecen fabricantes de estructuras metálicas, equipos electromecánicos, sistemas de bombeo, maquinaria industrial y distintos componentes que resultan indispensables tanto para construir como para mantener una mina en funcionamiento.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan estas empresas es la inversión inicial. Para competir por contratos de gran magnitud necesitan contar previamente con equipamiento, certificaciones, infraestructura y tecnología que les permitan responder a los estándares de calidad y seguridad de las operadoras mineras.

En ese sentido, los incentivos fiscales podrían facilitar el proceso de expansión. Sin embargo, el régimen no contempla subsidios directos ni garantiza que las empresas consigan créditos bancarios o sean seleccionadas para obtener contratos.

Aunque la iniciativa representa una oportunidad para ampliar la participación industrial argentina, el monto mínimo de inversión también establece una limitación. El piso de USD 12 millones está por encima de las posibilidades de buena parte de las pequeñas y medianas empresas proveedoras que trabajan en San Juan y otras provincias mineras.

Por ese motivo, los beneficios directos estarían concentrados principalmente en compañías industriales con mayor capacidad económica. Las empresas de menor tamaño podrían verse favorecidas indirectamente si se amplían las cadenas de contratación y aumenta la demanda de bienes y servicios locales.

Otro aspecto importante es que la incorporación de proveedores nacionales no significa necesariamente que exista una prioridad automática para las empresas radicadas en la provincia donde se desarrolla cada proyecto. Esa diferencia será relevante al momento de definir las contrataciones entre las operadoras, los gobiernos provinciales y las cámaras empresariales.