Quedó libre el penitenciario investigado por un presunto abuso contra un preso en el Penal

Gustavo Alfaro salió de prisión después de que un juez rechazara el pedido fiscal para extender su detención preventiva. El agente continuará vinculado a la causa.
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Tribunales
Imagen ilustrativa. 

La Justicia de San Juan resolvió que Gustavo Alfaro, el agente penitenciario investigado por un presunto abuso sexual contra un interno del Penal de Chimbas, continúe el proceso judicial en libertad. La decisión se tomó durante una audiencia realizada este viernes, en la que no prosperó el pedido de la Fiscalía para prolongar la prisión preventiva.

La medida había sido dictada a fines de agosto por un plazo de dos meses y estaba próxima a vencer. La ayudante fiscal de la UFI Delitos Especiales, Gema Cabrera, solicitó que se extendiera, pero el planteo fue rechazado tras los argumentos presentados por el abogado defensor Mario Padilla.

Finalmente, el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi dispuso la liberación de Alfaro, aunque bajo medidas de coerción que deberá cumplir durante el desarrollo de la causa.

La investigación se originó por una denuncia vinculada a un procedimiento de requisa realizado el 19 de febrero, cerca de las 20:50, cuando un interno regresaba de una salida transitoria.

Según la acusación, Alfaro, quien se desempeñaba como jefe de turno, habría revisado al recluso ante la sospecha de que llevaba un elemento oculto en su cuerpo. La denuncia sostiene que durante ese procedimiento le habría introducido los dedos en la zona anal, provocándole lesiones y sangrado.

Luego, el interno fue trasladado a un centro de salud, donde los médicos determinaron que no tenía ningún objeto en el cuerpo. Al día siguiente, su madre formalizó la denuncia después de escuchar el relato de su hijo. También se incorporaron testimonios sobre el estado de angustia que habría presentado tras el episodio.

A fines de agosto, la Justicia formalizó la investigación y ordenó que el penitenciario permaneciera detenido durante dos meses. La imputación contempló los presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y vejaciones, en calidad de autor y en concurso ideal.

En aquella instancia, la Fiscalía había advertido sobre posibles riesgos de fuga y de interferencia en la investigación. Entre sus argumentos, señaló la posibilidad de que el acusado pudiera influir sobre testigos que trabajan en el Servicio Penitenciario o que permanecen alojados en el establecimiento.

La defensa cuestionó la necesidad de mantenerlo privado de su libertad y sostuvo que podía afrontar el proceso bajo restricciones.

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