Diario Móvil
Más de 100 armas de fuego adquiridas por la Policía de San Juan durante 2022 no pudieron ser localizadas tras un relevamiento realizado en la División Armamento. La irregularidad derivó en una investigación judicial y en la apertura de un sumario administrativo que alcanza, inicialmente, al análisis de la actuación de entre 25 y 30 efectivos policiales que prestaron servicios en esa dependencia.
La información fue confirmada por el subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, durante una entrevista con Radio Sarmiento. El funcionario reveló que el faltante corresponde a una compra de 500 armas realizada en agosto de 2022, aunque aclaró que todavía se trabaja para establecer la cantidad definitiva de unidades que no aparecen.
La magnitud del caso quedó expuesta cuando Villavicencio fue consultado por la cantidad de armas faltantes. Si bien inicialmente evitó precisar una cifra, terminó reconociendo que se trata de “un número importante” y confirmó: “Son 100 armas, ciento y pico de armas las que faltan”. Ante una nueva consulta, ratificó que son “un poco más de 100”.
Según explicó, la irregularidad fue detectada durante un relevamiento interno de la División Armamento. A partir de ese hallazgo, la institución policial puso la documentación correspondiente a disposición de la UFI de Delitos Especiales, que interviene en la investigación para determinar qué ocurrió con los elementos adquiridos y si existieron responsabilidades penales.
“Se detectó el faltante de armas e inmediatamente se puso en conocimiento de la UFI de Delitos Especiales”, sostuvo Villavicencio, quien precisó que la presentación judicial fue acompañada por los registros y la información obtenida durante la revisión del inventario.
En paralelo, la Subsecretaría de Control de Gestión inició un sumario administrativo, aunque todavía no existen efectivos individualmente señalados como responsables. El procedimiento se encuentra en una etapa inicial y está dirigido a reconstruir el movimiento del armamento desde su adquisición hasta la detección del faltante.
Uno de los puntos centrales será determinar qué personal tuvo intervención en la custodia, administración y control de las armas. Villavicencio explicó que se identificó una nómina de aproximadamente 25 a 30 policías que pasaron por la División Armamento durante el período investigado, cuyos antecedentes y actuaciones podrán ser examinados.
“Por ahora está como personal policial a determinar”, aclaró el subsecretario, al señalar que el sumario todavía no está dirigido contra personas específicas. En ese sentido, sostuvo que las eventuales responsabilidades surgirán del análisis de la documentación y de las declaraciones que se incorporen al expediente.
El funcionario confirmó que los efectivos que prestaron servicios en esa área podrán ser convocados durante el procedimiento. “Los que van a ser citados y seguramente van a ser investigados”, manifestó al referirse al personal incluido en la nómina remitida a las autoridades.
La investigación toma como punto de partida agosto de 2022, fecha en la que se concretó la adquisición del lote de 500 armas. Sin embargo, todavía no se estableció públicamente en qué momento se produjo el faltante ni cuáles fueron las circunstancias en las que los elementos dejaron de estar disponibles en la dependencia policial.
Tampoco se conoce por ahora el valor económico del armamento que no pudo ser localizado. Villavicencio explicó que para determinar ese monto será necesario considerar las características de las armas y establecer un criterio de valuación, ya sea tomando como referencia el precio de adquisición de 2022 o su valor actualizado.
“No lo puedo determinar al monto real”, señaló, y recordó que la operación original comprendió 500 unidades, de las cuales una parte permanece sin localizar.
