Diario Móvil
Luego de la desaparición de más de 100 armas de la Policía de San Juan, avanza la investigación para determinar qué pasó con ellas y quiénes son los responsables. El caso ya fue denunciado ante la Justicia y, en paralelo, las autoridades iniciaron un sumario que alcanza a unos 25 efectivos vinculados con la División Armamento.
El subsecretario de Gestión y Control, Damián Villavicencio, confirmó que el número de armas faltantes supera las 100 y que toda la documentación reunida durante el relevamiento fue remitida a la UFI Delitos Especiales. Por el momento, no hay responsables identificados y las actuaciones administrativas se encuentran en una etapa preliminar.
La pesquisa busca reconstruir cómo se administraban y controlaban las armas, quiénes tuvieron acceso a ellas y en qué circunstancias se produjo el faltante. Los efectivos alcanzados por el procedimiento fueron notificados de que están bajo investigación, aunque todavía no se determinaron responsabilidades individuales.
El expediente administrativo se inició contra personal a determinar, por lo que las averiguaciones deberán establecer si existieron irregularidades y quiénes pudieron haber intervenido.
El origen de la investigación se remonta a un procedimiento contra el narcotráfico realizado en Salta. Durante ese operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron una pistola calibre 9 milímetros que, al verificar su procedencia, apareció registrada como propiedad de la Policía de San Juan.
El hallazgo generó interrogantes sobre cómo había llegado el arma a manos ajenas a la institución y motivó las primeras averiguaciones para rastrear su recorrido. A partir de allí, las autoridades comenzaron a revisar los registros internos y ampliaron los controles sobre el armamento de la fuerza provincial.
El episodio también había sido reconocido por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien informó sobre la recepción de un oficio de una provincia del norte argentino que advertía que la pistola secuestrada pertenecería a la Policía sanjuanina.
Tras conocerse el caso, se puso en marcha un relevamiento para cotejar las armas asignadas a los policías con los inventarios oficiales. El procedimiento incluyó la recopilación de datos sobre los modelos y números de serie de las pistolas que se encontraban bajo responsabilidad del personal.
Una de las líneas de análisis se concentra en un lote de armamento adquirido en agosto de 2022. En un primer momento, las sospechas apuntaban a que podían faltar alrededor de 150 pistolas de esa compra, aunque la cifra confirmada posteriormente por Villavicencio fue superior a las 100 armas.
