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Un cambio en la valoración de las pruebas modificó la situación de uno de los cuatro acusados por el crimen de Ángela “Lita” Álvarez, la jubilada encontrada muerta en su vivienda del barrio Alberdi, en Santa Lucía. Cristian Nahuel Videla recuperó la libertad después de que la Fiscalía analizara registros de cámaras de seguridad y resultados de ADN que, hasta esta instancia, no permitieron establecer su presencia en el lugar del hecho.
La decisión no implica que Videla haya quedado desvinculado de la investigación. Por el contrario, continuará sometido al proceso judicial, aunque bajo condiciones menos restrictivas que la prisión preventiva que venía cumpliendo.
Durante una audiencia, el juez Pablo León resolvió sustituir la detención por una serie de medidas de control. El acusado deberá presentarse periódicamente en la Comisaría 5ª, correspondiente a su domicilio, y cumplir con la obligación de no entorpecer el avance de la causa. Estas disposiciones tendrán una vigencia de 10 meses.
El cambio se produjo a partir de una evaluación fiscal de los elementos incorporados al expediente. En la audiencia también intervino el ayudante de la Defensoría Oficial, Carlos Fleury, quien no manifestó oposición al planteo presentado.
La resolución representa una nueva modificación en el escenario judicial del caso. Anteriormente, la jueza Ana Lía Larrea había reducido de 12 a 10 meses el plazo de prisión preventiva dispuesto para los cuatro imputados. Ahora, la situación de Videla quedó diferenciada de la de los otros acusados.
Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores y Nahuel Ángel Vera permanecen detenidos, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades individuales en la muerte de la jubilada.
El crimen fue descubierto a partir de una situación que llamó la atención de un vecino del barrio Alberdi. El hombre observó a dos personas que intentaban retirar una heladera de la vivienda de Álvarez utilizando un carro sujeto a una bicicleta. Ante esa circunstancia, logró reducir a Pozo y dio aviso a la Policía.
Cuando los efectivos de la Comisaría 5ª ingresaron al inmueble, encontraron a la mujer sin vida junto a su cama. Los estudios histopatológicos realizados posteriormente determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, un resultado que orientó la investigación hacia un hecho de extrema gravedad.
La hipótesis que maneja la Fiscalía sostiene que los episodios investigados ocurrieron entre el 23 y el 27 de julio, período durante el cual los sospechosos habrían ingresado en distintas oportunidades al domicilio para sustraer electrodomésticos, muebles y ropa de cama.
La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez. Además de continuar con el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios, los investigadores buscan a otros dos sospechosos que permanecen prófugos.
