ATAP asegura que no puede pagar lo que pide UTA: “Las empresas llevan un perjuicio acumulado de $16.500 millones”

El titular de ATAP  habló en las puertas de la Subsecretaría de Trabajo, mientras comenzó la reunión entre UTA, empresas y autoridades para intentar destrabar el paro.
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En el inicio de la reunión convocada por la Subsecretaría de Trabajo para intentar resolver el conflicto que mantiene a la RedTulum sin servicio, el titular de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), Salvá, aseguró que las empresas atraviesan una situación económica cada vez más compleja y reclamó al Gobierno provincial la conformación de una mesa técnica.

El empresario sostuvo que las expectativas para alcanzar una solución son cada vez menores y cuestionó que, pese a los pedidos realizados desde hace meses, no se haya concretado una instancia de diálogo para revisar la situación económica del sistema.

“Cada vez son menos las expectativas. Hace tiempo venimos pidiendo diálogo y llegamos a un punto en que la situación se volvió insostenible”, manifestó.

Según explicó, existe un desfasaje mensual de alrededor de $2.000 millones entre los costos reales del transporte y los recursos que reciben las empresas. En ese sentido, afirmó que ATAP viene solicitando una mesa técnica desde junio y que incluso presentó un pedido formal el 17 de ese mes.

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“Hay que sentarse en una mesa técnica. Lo empezamos a pedir desde el 10 de junio. El 17 lo pedimos por escrito. No queríamos llegar a esta situación”, señaló Salvá.

El titular de ATAP también puso el foco en el esquema de financiamiento del transporte. Aclaró que las empresas no reciben un subsidio directamente, sino que el Estado compensa parte del valor del pasaje que determinados usuarios no abonan.

“Las empresas no están subsidiadas, el que está subsidiado es el pasaje”, explicó.

En esa línea, se refirió particularmente al impacto del boleto Escolar Gratuito y a los distintos beneficios que existen dentro del sistema. Según sus números, una parte importante de los viajes no genera un ingreso directo para las empresas y las compensaciones estatales no siempre llegan en los mismos plazos en que se producen los gastos.

“El boleto de $1.300 lo paga un pasajero cada diez. Los otros nueve tienen distintos tipos de compensaciones”, sostuvo, y agregó que parte de los fondos correspondientes llegan entre 60 y 70 días después de realizado el viaje.

Para Salvá, esa diferencia entre los tiempos de pago y las obligaciones que deben afrontar las empresas genera un fuerte desfasaje financiero.

En ese contexto, aseguró que las compañías acumulan un perjuicio de aproximadamente $16.500 millones y que para sostener la prestación debieron recurrir a créditos y planes de pago.

“Las empresas funcionan a costa de solicitudes de créditos. Solo en intereses las empresas tienen un costo de $200 millones”, afirmó, en referencia tanto a los intereses bancarios como a los planes de regularización de obligaciones.

El empresario también descartó que el planteo de ATAP tenga como objetivo solicitar un incremento del boleto. “No pedimos aumento de boleto, pedimos recomposición de la ecuación económica que figura en el contrato de concesión”, remarcó.

A su vez, señaló que las empresas deben afrontar simultáneamente el incremento de los salarios acordado entre UTA y FATAP y el aumento de otros costos operativos. En particular, mencionó el combustible y aseguró que desde la última actualización necesitan unos $400 millones adicionales para cubrir ese concepto.

“No estamos en condiciones de afrontar este aumento salarial y de seguir pagando el aumento de combustible”, sostuvo.

Respecto del conflicto que derivó en el paro de los choferes, Salvá reconoció el impacto que la falta de colectivos tiene sobre los usuarios y aseguró que las empresas también buscan que el servicio vuelva a funcionar con normalidad.

“Es una situación delicada. El objetivo es que el servicio se regularice. Pedimos disculpas, pero no es algo que pase por las empresas”, expresó.

Finalmente, apuntó directamente al origen del problema financiero que, según su postura, atraviesa actualmente el sistema de transporte provincial.

“El problema de fondo está en la Secretaría de Transporte. Nosotros tenemos que pagar salarios, pero no tenemos los recursos”, concluyó.

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