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El Gobierno nacional decidió apelar el fallo del juez federal Martín Cormick, quien ordenó avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Ejecutivo había supeditado su implementación a que el Congreso estableciera las partidas necesarias.
La estrategia judicial ya comenzó a definirse en la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio. En paralelo, el Gobierno analiza otras alternativas vinculadas al impacto presupuestario de la norma, que contempla recursos para salarios, becas, investigación, funcionamiento y hospitales universitarios.
El conflicto surgió a partir del Decreto 759/2025. Para el Ejecutivo, la aplicación de la ley implicaría un gasto que no estaba contemplado originalmente en el Presupuesto y, por lo tanto, corresponde al Congreso determinar de dónde surgirán los recursos. El juez Cormick, en cambio, consideró que esa condición implicaba en los hechos volver a frenar una ley que ya había sido ratificada por ambas cámaras tras el veto presidencial.
La resolución judicial respondió a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El fallo ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas administrativas y reglamentarias necesarias para poner en marcha los aumentos y demás disposiciones previstas por la ley.
Desde el Gobierno remarcaron que la discusión también está vinculada con el Presupuesto 2027, que ya fue enviado al Congreso. En la Casa Rosada sostienen que cualquier modificación sobre las partidas deberá ser definida por los legisladores y advierten sobre el impacto que tendría el financiamiento de la norma sobre las cuentas públicas.
El juez, sin embargo, rechazó el argumento de que no existieran mecanismos para afrontar las erogaciones. En su resolución señaló que la propia ley contempla alternativas como reasignaciones presupuestarias y el uso de mayores ingresos de recaudación corriente.
La disputa judicial se produce mientras el Congreso avanza con el debate del Presupuesto 2027 y suma un nuevo punto de tensión entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario. Por ahora, la decisión del Gobierno es continuar la discusión en los tribunales y esperar la resolución de la instancia superior.
