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El conflicto que atraviesa la Universidad Nacional de San Juan vuelve a tener esta semana dos posiciones enfrentadas. Por un lado, ADICUS ratificó el paro docente de 72 horas para este miércoles 30 de septiembre, jueves 1 y viernes 2 de octubre, en reclamo por financiamiento universitario y recomposición salarial. Por el otro, padres de estudiantes de los colegios preuniversitarios advierten que, con estas nuevas jornadas, sus hijos llegarán a 41 días hábiles de paro durante 2026 y mantienen su reclamo judicial para garantizar la continuidad de las clases.
Desde el sector gremial, Edith Liquitay, secretaria gremial de ADICUS San Juan, explicó que la medida fue definida por CONADU Histórica luego del fracaso de la última instancia paritaria y en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Según sostuvo, un reciente fallo del juez Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a comenzar a aplicar la norma en un plazo de cinco días hábiles. “La paritaria anterior fracasó debido a la falta de propuestas por parte del Gobierno nacional. Y en ese marco se reunió el plenario de Secretarías Generales de CONADU Histórica y definimos convocar a esta medida de fuerza de tres días de paro”, explicó.
La situación genera especial preocupación en los colegios preuniversitarios. José Olivier, representante de un grupo de padres autoconvocados, afirmó que antes de esta medida ya contabilizaban 38 días de paro y que, al concluir las próximas 72 horas de protesta, serán 41. “Estamos hablando de 41 días hábiles de paro. A eso hay que sumarle los días de Zonda y todas las cuestiones que hacen que tampoco tengan clase. Entonces es muchísimo”, sostuvo. De acuerdo con el registro elaborado por ese grupo de familias, las jornadas perdidas por medidas gremiales representan el 31% del ciclo lectivo.
Olivier remarcó que los padres no cuestionan el reclamo salarial docente ni la defensa de la universidad pública, sino la continuidad de los paros como herramienta de protesta. “Nosotros no estamos en contra de los docentes, ni de la universidad pública, ni de la escuela pública”, aseguró, aunque planteó que este es el tercer año en el que los estudiantes pierden más del 20% de sus jornadas escolares.
Según el representante, el impacto ya puede observarse en contenidos y actividades que quedan inconclusas, particularmente en establecimientos con formación técnica. “No llegan a terminar las cosas, no llegan a terminar los contenidos, no llegan a tener las matemáticas que necesitan para ir a la universidad, no llegan a tener los contenidos básicos”, afirmó. Los padres cuestionan además la actuación del Rectorado y consideran que debería haber intervenido para garantizar una mayor continuidad educativa.
Esa interpretación es rechazada desde el gremio, que ubica la responsabilidad del conflicto en el Gobierno nacional. Liquitay sostuvo que la solución pasa por aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y aseguró que los docentes también buscan recuperar la normalidad académica. “Nosotros queremos volver a las aulas, terminar de poder ejecutar todo lo que hemos planificado y seguir realizando las prácticas que venimos haciendo para poder terminar el año bien”, manifestó.
En medio de esta disputa aparece además el amparo judicial impulsado por un grupo de padres de los colegios preuniversitarios. Olivier aseguró que las propias familias financiaron la presentación y otros gastos asociados. “Hemos juntado dinero entre todos los papás”, explicó, y aseguró que hubo “cerca de 300 transferencias de diferentes papás que ponen de su bolsillo” para sostener la acción judicial.
ADICUS, en tanto, cuestionó esa estrategia. Liquitay señaló que, hasta el momento de la entrevista, ni el gremio ni la UNSJ habían sido formalmente notificados sobre la presentación y sostuvo que el reclamo debería dirigirse al Ejecutivo nacional. También recordó que durante el primer cuatrimestre existieron instancias de diálogo con familias que participaron de actividades conjuntas, entre ellas una recolección de firmas dirigida a la ministra Sandra Pettovello, abrazos simbólicos y movilizaciones.
El conflicto, además, ya empieza a proyectarse sobre 2027. Liquitay confirmó que dentro del sector docente se evalúan medidas más fuertes en caso de que no exista una solución. “Ya está en la mesa de análisis medidas que a los docentes no nos gustan, como no tomar examen. Esa es una. Y la otra es el no comienzo de clases en el año 2027”, anticipó.
