Diario Móvil
Un efectivo de la Policía de San Juan que era buscado por la Justicia desde mediados de septiembre finalmente se presentó de manera voluntaria acompañado por su abogada y quedó a disposición de las autoridades.
Se trata de Facundo Joaquín Fernández, integrante del Comando Radioeléctrico Norte, quien afronta una investigación que se inició meses atrás a partir de una denuncia de su expareja por presuntas lesiones y amenazas agravadas.
En el marco de aquella primera causa, la Justicia había establecido una prohibición de acercamiento y de contacto hacia la denunciante. Sin embargo, el conflicto tuvo un nuevo capítulo en septiembre, cuando la mujer volvió a acudir a la Justicia y aseguró que Fernández habría ingresado a su domicilio pese a la medida vigente.
La nueva denuncia fue radicada el 8 de septiembre. Al día siguiente, la ayudante fiscal Silvina Zogbe, de la UFI Genérica, solicitó una serie de medidas judiciales que incluyeron el allanamiento, el secuestro y la detención del efectivo.
El procedimiento se concretó el 12 de septiembre en una vivienda de Chimbas, pero los investigadores no lograron encontrar al policía. A partir de entonces quedó vigente una orden de captura en su contra.
Fernández apareció este viernes ante la Justicia. Durante la audiencia, su defensora, María Rosa Sánchez Salmuni, sostuvo que su representado no sabía que había sido requerido para ser detenido. También señaló que, además de su trabajo en la fuerza provincial, se desempeña como chofer de una aplicación de transporte y que dedica buena parte de su jornada laboral al sostenimiento de sus dos hijos.
Una vez que tomó conocimiento de la situación judicial, el policía decidió presentarse y ponerse a disposición de la investigación. La Fiscalía no se opuso a su comparecencia ni pidió que permaneciera detenido.
En esta nueva etapa del expediente, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó provisoriamente los delitos de violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial. El juez de Garantías Federico Rodríguez habilitó la investigación y resolvió que este legajo sea acumulado al proceso iniciado anteriormente.
Además, la Fiscalía pidió reforzar las medidas de protección para la denunciante. Entre ellas, se estableció que Fernández no podrá acercarse a menos de 200 metros de su domicilio, lugar de trabajo o estudio, ni mantener contacto con ella o sus familiares. También quedó alcanzado por una prohibición de realizar actos molestos o perturbatorios.
Las restricciones fueron fijadas por un plazo de tres meses y, bajo esas condiciones, el magistrado resolvió que el efectivo continúe el proceso en libertad.
