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El conflicto entre la Municipalidad de Caucete y DECSA por la facturación del alumbrado público continúa abierto y, por el momento, el municipio no está realizando pagos a cuenta. Daniel Castro, presidente de la distribuidora, confirmó que todavía no existe una cifra definitiva de la deuda debido a que se está revisando qué parte del consumo corresponde a mediciones reales y cuál surge de la cantidad estimada de luminarias.
La controversia llegó a la Justicia y actualmente se solicitó una postergación para avanzar en la definición de algunos aspectos técnicos. Paralelamente, DECSA, el municipio y el ente regulador trabajan sobre un relevamiento de toda la red de alumbrado público, que incluye la instalación de nuevos medidores y la corrección de situaciones consideradas riesgosas en determinados sectores.
Castro explicó que uno de los puntos centrales del conflicto está precisamente en la cantidad de lámparas cuyo consumo se calcula por estimación. “Hemos coincidido en algo muy importante, que es bajar el número de cantidades de lámparas estimadas”, señaló. Para avanzar en ese objetivo comenzaron a instalar nuevos medidores junto al municipio: “Eso nos va a venir muy bien, porque justamente el conflicto surge de esa cantidad de lámparas”.
El presidente de DECSA evitó establecer cuánto debe actualmente la comuna. Explicó que la empresa conoce el monto correspondiente a la parte efectivamente medida, pero todavía debe ajustar los cálculos del consumo estimado. “Ahora tenemos que sentarnos nuevamente a trabajar en eso”, indicó, y adelantó que mantendrán una reunión con el ente regulador para actualizar los números correspondientes a los últimos meses.
Las declaraciones de Castro también permitieron aclarar una de las versiones que circulaba alrededor de la disputa: que el municipio se negaba directamente a recibir las facturas. El titular de DECSA aseguró que existe un diálogo permanente con la intendenta Romina Rosas y que la facturación continúa enviándose todos los meses, aunque la jefa comunal solicitó que sea acompañada por mayor información técnica. “Cuando nosotros hemos querido llevar solamente la parte de facturación, nos ha pedido el favor de no solamente llevar las facturas, sino también llevar la documentación que anexa a todo el sistema de control”, explicó.
En ese contexto, Castro confirmó que Caucete actualmente no realiza desembolsos parciales por el servicio. “Por ahora no se está haciendo ningún pago a cuenta, hasta tanto se pueda determinar el número definitivo”, afirmó.
El tema también volvió a generar cuestionamientos dentro del Concejo Deliberante. El concejal Emanuel Castro sostuvo que, según una resolución del EPRE vinculada al conflicto, la deuda discutida rondaría los $500 millones, aunque esa cifra corresponde a la controversia que está siendo analizada judicialmente y no al monto definitivo actualizado que DECSA dice estar determinando.
“La deuda que se está generando de la Municipalidad hoy en día de esta gestión es una deuda de los cauceteros que tarde o temprano la Municipalidad va a tener que pagar”, sostuvo el edil. A su entender, mantener el conflicto sin una solución podría terminar afectando las cuentas comunales en los próximos años: “Es menos obra y menos servicio para el caucetero en un futuro”.
El concejal sumó además otro cuestionamiento al Ejecutivo municipal al señalar que desde abril la Comisión de Hacienda y Finanzas viene solicitando alrededor de 100 expedientes para estudiar las cuentas de los ejercicios 2025 y 2026. Según aseguró, parte de esa documentación comenzó a llegar recién durante septiembre, situación que fue comunicada al Tribunal de Cuentas ante las dificultades para avanzar con el análisis correspondiente.
