Josué Lima
La Justicia federal comenzó a profundizar una investigación sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia a partir de una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito vinculada con su desempeño como funcionario público en el CEAMSE.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó ante el juez Ariel Lijo un pedido para producir unas 20 medidas de prueba destinadas a reconstruir la evolución económica y patrimonial del dirigente. Entre ellas, solicitó acceder a información sobre sus bienes, cuentas bancarias, movimientos financieros y nivel de consumo.
Uno de los pedidos centrales apunta a levantar el secreto bancario y fiscal de Tapia, además de requerir información protegida por la Unidad de Información Financiera y datos relacionados con el mercado de capitales.
La investigación se encuentra vinculada exclusivamente con el rol que Tapia desempeña en el CEAMSE. El dirigente también preside la Asociación del Fútbol Argentino, pero ese cargo, que es ad honorem, no forma parte de esta causa.
Tapia ingresó al directorio del CEAMSE como vicepresidente en 2015 y desde 2024 ocupa la presidencia del organismo público encargado de la gestión de residuos sólidos urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Como parte de las medidas solicitadas, Pollicita pidió que el CEAMSE entregue el legajo personal del dirigente. También requirió a la Dirección Nacional de Migraciones información sobre sus viajes y salidas del país.
La fiscalía además puso la lupa sobre sus actividades vinculadas al fútbol internacional. En ese sentido, solicitó realizar un exhorto a la CONMEBOL, con sede en Paraguay, para obtener información sobre los cargos que Tapia ocupó dentro de la entidad, los períodos en los que los ejerció y los ingresos que habría recibido.
El pedido también contempla consultar si el dirigente tuvo o tiene funciones dentro de la FIFA, en qué carácter las desarrolló, a quién representó y si obtuvo ingresos por esas actividades.
Para la fiscalía, toda esa información permitirá realizar posteriormente un análisis integral de la situación económica de Tapia y establecer la evolución de sus bienes, fondos y relaciones financieras consideradas relevantes para la investigación.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni. En su presentación, sostuvo que el patrimonio de Tapia habría registrado un incremento de alrededor del 1000% en un período de 8 años.
Según esa denuncia, Tapia declaró ingresos anuales por $100.233.144 derivados de su función en el CEAMSE, con una dedicación informada de 15 horas semanales.
El empresario realizó la presentación en el marco de otras acusaciones contra Tapia y dirigentes de la AFA, luego de que su compañía World Eleven dejara de tener el contrato que mantenía con la entidad para la organización y comercialización de partidos amistosos de la Selección Argentina.
En paralelo, Tapia enfrenta otra causa penal relacionada con la AFA. Se encuentra procesado por una presunta retención indebida de aportes estimada en $19.000 millones. Ese procesamiento fue confirmado en segunda instancia y el expediente podría avanzar hacia un juicio oral.
Ahora, en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, será el juez federal Ariel Lijo quien deberá definir si hace lugar a las medidas de prueba solicitadas por Pollicita y cómo continuará el expediente.
