Condenaron a expolicías por extorsionar a narcos y quedarse con droga

Una extensa investigación judicial terminó con duras condenas para una organización que, según quedó acreditado durante el juicio, estaba integrada por exefectivos de la Policía Bonaerense y civiles que utilizaban sus cargos y contactos para intervenir de manera ilegal en investigaciones vinculadas al narcotráfico.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín puso fin a casi 2 años de debate y estableció penas de hasta 17 años de prisión para parte de los acusados. El expediente permitió reconstruir una estructura que habría utilizado información, procedimientos y documentación oficial para favorecer sus propios negocios dentro del circuito de drogas.

Uno de los hechos más graves analizados fue el denominado operativo "Leones blancos", ocurrido en diciembre de 2013 en una quinta ubicada en Moreno que pertenecía al clan Loza.

En aquel procedimiento, los policías habrían utilizado una denuncia anónima falsa para justificar un supuesto operativo antidrogas. La maniobra les permitió simular el hallazgo de casi 500 kilos de cocaína y, al mismo tiempo, quedarse con otro cargamento de una cantidad similar que estaba dentro de un vehículo perteneciente a integrantes de una organización criminal.

La droga que habría sido sustraída por los efectivos fue valuada entre 2,6 y 2,8 millones de dólares. De acuerdo con la investigación, posteriormente fue trasladada hasta Santa Clara del Mar para ser colocada en el mercado ilegal de la costa atlántica y también enviada al exterior mediante paquetes termosellados.

Por esa maniobra, algunos de los integrantes de la delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes recibieron las penas más altas. El comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta fueron considerados coautores de distintos delitos, entre ellos falsedad ideológica, utilización de documentación pública falsa, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

También fueron condenados otros integrantes de esa estructura. Los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco recibieron penas de 14 años y 6 meses de prisión, mientras que la sargenta Tamara Silvina Machuca fue sentenciada a 11 años.

El juicio permitió además establecer que el mecanismo no habría quedado limitado a un único operativo. Los investigadores encontraron similitudes con otras causas identificadas como "Bustamante", "Basaldúa", "Acosta" y "Santellán".

En esos expedientes se analizaron supuestas extorsiones contra personas vinculadas con investigaciones por drogas. Según lo acreditado en el proceso, se exigía dinero a determinados imputados a cambio de evitar acusaciones o determinadas consecuencias judiciales, además de generarse actuaciones que no reflejaban lo ocurrido durante los procedimientos.

La estructura que funcionaba en San Isidro también recibió condenas. El comisario Roberto Adrián Okurzaty fue sentenciado a 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita. En tanto, el sargento Santiago Ignacio Cabré recibió 14 años y el teniente Mario Alberto de Armas fue condenado a 12 años.

El fallo también alcanzó a civiles vinculados con la organización. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli fueron condenados a penas de ejecución condicional, además de recibir inhabilitaciones especiales para ejercer la profesión. El tribunal los consideró integrantes de la asociación ilícita y responsables de participación en hechos relacionados con extorsión y cohecho.

No todos los acusados fueron encontrados responsables. El tribunal absolvió a 6 imputados y, además, decidió enviar parte de las actuaciones a la etapa de instrucción para que continúe la investigación sobre otros posibles involucrados.

Entre ellos aparece el exfiscal provincial Claudio Scapolan, quien fue destituido, junto con otros funcionarios judiciales y policiales cuya eventual participación deberá ser analizada en una nueva instancia.

Durante sus alegatos, los fiscales Marcelo García Berro, Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly plantearon que el caso no debía ser interpretado como una sucesión de hechos individuales. Según sostuvieron, la investigación expuso una estructura organizada que aprovechaba las atribuciones de organismos estatales para intervenir ilegalmente en el negocio de los estupefacientes.

Por la gravedad de las conductas detectadas, los jueces Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez resolvieron enviar los fundamentos de la sentencia al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Seguridad bonaerense y a la Procuración General de la provincia.

La medida apunta a que los organismos correspondientes adopten mecanismos de prevención y control destinados a evitar que estructuras similares puedan volver a utilizar recursos y facultades del Estado para beneficiar actividades vinculadas al narcotráfico.