Los acusados del caso Branka Motors reconocieron 365 estafas ¿Devolverán el dinero?

La causa Branka Motors dio un paso decisivo este miércoles en los tribunales sanjuaninos. Durante una audiencia de juicio abreviado, los tres acusados aceptaron su participación en los hechos investigados y acordaron con la Fiscalía una pena de cinco años de prisión efectiva.

El fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, explicó que durante la audiencia se presentó ante la jueza Carolina Parra el conjunto de pruebas reunidas durante la investigación y precisó el alcance de la acusación.

“En ese acto se acusó a los imputados de 365 hechos de estafa, individualizando un perjuicio económico de 524 millones de pesos y se acordó con la defensa y los imputados la pena de 5 años de prisión efectiva”, señaló Heredia.

El funcionario judicial aclaró además que el juicio abreviado supone una aceptación expresa por parte de los acusados. “El juicio abreviado implica eso, la aceptación de la participación y la calificación que se le imputa”, explicó.

De esta manera, los imputados reconocieron haber cometido los hechos que fueron incluidos en la acusación fiscal. Según Heredia, tampoco intentaron atribuirle la responsabilidad a otras personas.

El intento de devolver el dinero

Heredia recordó que, desde el comienzo de la investigación, la Fiscalía contempló la posibilidad de alcanzar una reparación integral. Para ello, el Ministerio Público Fiscal mantuvo reuniones con los afectados y les explicó la propuesta presentada por los imputados.

“Cuando se inició la investigación, el 19 de enero de este año, precisamente una de las alternativas que se evaluó, se analizó y se puso a consideración de todas las víctimas era la posibilidad de una reparación integral”, relató.

Según detalló, el equipo fiscal se reunió con los 365 denunciantes para explicarles los términos de aquella propuesta. La iniciativa contó inicialmente con la conformidad de los damnificados, pero terminó fracasando porque el acuerdo no fue cumplido.

“Este acuerdo no fue cumplido, razón por la cual la unidad fiscal solicitó la revocación de ese acuerdo y continuamos con el proceso penal”, indicó.

El fiscal también se refirió a los bienes que habían sido ofrecidos como garantía para respaldar aquella reparación, entre ellos inmuebles y vehículos.

Heredia explicó que la Fiscalía pidió ejecutar esos bienes después del incumplimiento, pero la jueza de Garantías rechazó el planteo al considerar que, una vez revocada la reparación integral, el proceso penal debía continuar y aquel acuerdo quedaba sin efecto.

Posteriormente, según señaló, ninguna de las partes querellantes impugnó esa resolución.

Por qué la Fiscalía pidió cinco años

Otro de los interrogantes fue la razón por la que el Ministerio Público Fiscal acordó una pena de cinco años de prisión efectiva.

Heredia explicó que para determinar la condena se analizaron distintos factores previstos para establecer la pena, tanto agravantes como atenuantes.

Entre los elementos que jugaron en contra de los acusados, el fiscal destacó especialmente la magnitud del perjuicio económico y la enorme cantidad de personas afectadas.

“Entre las pautas agravantes tenemos la magnitud del daño y la cantidad de personas damnificadas. Ese es el principal agravante que encontramos en este hecho”, sostuvo.

En sentido contrario, la Fiscalía tuvo en cuenta como factores atenuantes la edad de los imputados y la falta de antecedentes penales condenatorios.

“Entendemos que estas dos circunstancias determinan claramente una circunstancia válida para atenuar la escala penal y entendemos que estos 5 años resulta una pena justa”, afirmó Heredia.

Dos querellas se opusieron

El acuerdo alcanzado entre Fiscalía y defensa también fue puesto en conocimiento de los damnificados que se constituyeron como querellantes.

Heredia contó que personalmente se reunió con ellos antes de la audiencia para explicarles el contenido del acuerdo y sus fundamentos. Finalmente, dos querellas manifestaron su oposición durante la audiencia.

La jueza Carolina Parra homologó el acuerdo, aunque postergó para el martes la presentación de los fundamentos de su resolución. Por ese motivo, será entonces cuando se conozcan los argumentos completos de la sentencia.

Respecto de la posibilidad de recuperar el dinero, Heredia aclaró que desconoce si los damnificados iniciaron reclamos particulares en el ámbito civil. La reparación económica, que había sido intentada durante la investigación penal, no logró concretarse luego del incumplimiento del acuerdo inicial.