Caso Branka Motors: los acusados acordaron 5 años de prisión sin devolver el dinero

La causa que sacudió a San Juan por la presunta estafa de Branka Motors tendrá este miércoles una audiencia decisiva. Los tres principales acusados aceptaron una pena de cinco años de prisión mediante un acuerdo de juicio abreviado alcanzado con el Ministerio Público Fiscal.

Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Suvire deberán presentarse ante la jueza de Garantías Carolina Parra, quien tendrá que resolver si homologa el convenio. La audiencia fue fijada para las 11 y marcará un nuevo capítulo en una investigación que acumuló cientos de denuncias.

El acuerdo fue confirmado por el abogado defensor José Daniel Tejada, quien explicó que sus representados aceptaron la pena pactada con Fiscalía. Sin embargo, el convenio tiene un punto que genera preocupación entre quienes aseguran haber perdido dinero: no contempla la devolución de los fondos que habrían sido entregados para adquirir motocicletas.

De acuerdo con lo informado en la causa, el perjuicio económico estimado ronda los $524 millones. Por ese motivo, aquellos damnificados que pretendan recuperar sus inversiones deberán iniciar posteriormente acciones en el fuero civil.

La situación genera malestar entre algunos querellantes, ya que anteriormente había existido una posibilidad de reparación económica dentro del proceso penal.

En abril pasado, los imputados habían acordado devolver el dinero mediante un esquema de cinco cuotas que debía completarse en un plazo de 120 días. El compromiso había sido homologado por la Justicia, pero el primer pago no se concretó. Ante ese incumplimiento, el fiscal Guillermo Heredia solicitó dejar sin efecto el acuerdo de reparación integral.

El episodio derivó en una nueva instancia judicial y los tres acusados terminaron con prisión preventiva durante cinco meses, mientras continuaba la investigación penal preparatoria.

Ahora, la estrategia cambió y el expediente podría encaminarse hacia una resolución mediante juicio abreviado. Los querellantes tienen la posibilidad de manifestar su oposición, aunque esa postura no obliga a la jueza a rechazar el acuerdo.

La investigación se inició luego de las primeras denuncias presentadas a fines del año pasado y comienzos de 2026. Una de las primeras víctimas fue Guadalupe Ailén Céspedes, quien denunció haber entregado $1.700.000 por una motocicleta que nunca recibió.

Con el avance del expediente, el número de damnificados creció hasta superar las 500 personas y el caso se convirtió en uno de los procesos por estafa más relevantes desde la implementación del sistema acusatorio en San Juan.

Según la acusación, el mecanismo investigado consistía en ofrecer motocicletas a valores considerablemente inferiores a los precios de mercado. La propuesta generó una fuerte demanda y, con el paso del tiempo, comenzaron a registrarse incumplimientos en las entregas.

El miércoles, la Justicia deberá definir si acepta el acuerdo de cinco años de prisión. Para los damnificados, en cambio, quedará pendiente una pregunta mucho más difícil: cómo y cuándo podrán intentar recuperar el dinero que aseguran haber perdido.