Cinco policías fueron detenidos por la presunta golpiza a un preso

La investigación por la presunta golpiza a un detenido dentro de la Comisaría 31ª de Las Chacritas dio un giro este jueves con la detención de cinco efectivos policiales. El procedimiento fue ordenado por la UFI Delitos Especiales, que investiga si el hombre sufrió una fractura de tobillo como consecuencia de una agresión ocurrida mientras permanecía alojado en la dependencia policial.

Los policías detenidos son Hernán Ochoa, José Páez, Fabián Atencio, Miguel Saldaño y Lucas Ortiz, quienes prestaban servicio el día del hecho. Todos serán llevados este viernes a audiencia de formalización, prevista para las 11:45, donde la Fiscalía expondrá las evidencias reunidas hasta el momento.

Según la investigación, tres de los uniformados aparecen como presuntos autores o coautores de la agresión, mientras que los otros dos habrían presenciado lo ocurrido sin intervenir, motivo por el cual también quedaron detenidos y serían investigados por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Uno de los elementos que hoy concentra la atención de la Fiscalía es el estado en el que ingresó el detenido a la seccional. De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre fue incorporado caminando y sin lesiones visibles, pero horas después presentó una fractura en uno de sus tobillos, circunstancia que motivó la apertura de la investigación.

Para reconstruir lo ocurrido, los investigadores solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y avanzan con la toma de testimonios de otros detenidos que compartían el calabozo en ese momento. Esas declaraciones serán consideradas claves para determinar cómo se produjo la lesión y cuál fue la participación de cada uno de los efectivos involucrados.

La víctima fue identificada como Braian Alexander Pasten, de 29 años. Si bien posee antecedentes penales y registra múltiples ingresos a distintas dependencias policiales por diferentes causas, la Fiscalía centra la investigación exclusivamente en determinar si existió un uso ilegal de la fuerza mientras permanecía bajo custodia del Estado, una situación que, de comprobarse, podría configurar el delito de apremios ilegales.