El Senado dio media sanción a una ley sobre propiedad privada, pero el Gobierno sufrió fuertes cambios en el proyecto

En una extensa y accidentada sesión que se prolongó hasta la madrugada, el Senado aprobó en general el proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, aunque el oficialismo debió resignar varios de los puntos centrales que impulsaba originalmente. La iniciativa continuará ahora su recorrido en la Cámara de Diputados.

Uno de los principales reveses para el Gobierno fue la eliminación del capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, una decisión que se tomó antes de la votación general al advertirse que no reunía el respaldo necesario. También había quedado fuera del texto la propuesta vinculada con la venta de tierras a extranjeros, otro de los ejes que promovía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Como consecuencia, seguirán vigentes las restricciones que impiden cambiar el uso de terrenos afectados por incendios durante 30 o 60 años, según corresponda.

La sesión también dejó una inusual coincidencia entre distintos sectores políticos. Antes del tratamiento de la norma, senadores del oficialismo, bloques dialoguistas e incluso el kirchnerismo acordaron no habilitar modificaciones al reglamento para permitir la participación virtual de dos legisladores con licencia médica, evitando abrir un precedente institucional.

Durante el debate, el kirchnerismo intentó devolver el expediente a comisión, aunque la moción fue rechazada por 38 votos contra 31. Desde ese momento quedó claro que la discusión se centraría en los artículos que sobrevivieron a las negociaciones previas.

Entre los cambios que permanecieron en el proyecto figura una modificación al régimen de expropiaciones. El texto establece que la declaración de utilidad pública deberá justificarse de manera específica, con criterios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. Además, limita el alcance de las indemnizaciones y fija parámetros para calcular el resarcimiento económico.

Otro de los puntos que obtuvo media sanción apunta a agilizar los desalojos por falta de pago de alquileres. La iniciativa obliga al propietario a intimar previamente al inquilino, otorgándole un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda. Si no cumple, podrá iniciar un proceso judicial que deberá tramitarse mediante el procedimiento más rápido previsto por la legislación vigente.

En el recinto hubo fuertes cruces. Desde la oposición cuestionaron la forma en que se modificó el dictamen y advirtieron que algunos cambios se introdujeron sin el debate correspondiente en comisión. También sostuvieron que la eliminación del capítulo ambiental evitó una reforma que, según varios legisladores, podía terminar judicializada por vulnerar principios constitucionales relacionados con la protección del ambiente.

Bullrich defendió la iniciativa y aseguró que la reforma busca fortalecer el derecho a la propiedad privada y brindar herramientas más rápidas frente a ocupaciones ilegales y conflictos por desalojos. Sin embargo, el oficialismo terminó aprobando un texto muy distinto al que había impulsado inicialmente, tras una negociación que obligó a retirar algunos de sus artículos más controvertidos.