Analizan sanciones para docentes sanjuaninos que se sumaron al paro nacional

El Gobierno de San Juan todavía no resolvió si aplicará sanciones a los gremios docentes que adhirieron al paro nacional convocado por CTERA. La decisión dependerá de un informe que elabora el Ministerio de Educación, donde se determinará si durante la jornada se cumplió con el 75% de prestación mínima del servicio, tal como establece la legislación nacional para la educación, considerada un servicio esencial.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, explicó que el procedimiento aún se encuentra en una etapa preliminar y que primero debe confirmarse el nivel real de asistencia registrado en las escuelas. Antes de avanzar sobre una eventual sanción, señaló que el organismo necesita contar con datos oficiales. "Educación y Nación salieron a controlar las escuelas. Luego de eso me tienen que informar si se cumplió con el 75%", indicó.

El funcionario aclaró que ese proceso demandará algunos días porque no alcanza con conocer el porcentaje de asistencia. También deberá verificarse que las inasistencias hayan estado efectivamente vinculadas con la adhesión al paro y no respondan a otros motivos. "El informe se puede demorar unos días porque Educación debe recabar la información fehaciente de que no se cumplió con el mínimo del 75% de aulas abiertas. Si no se alcanza ese porcentaje, debe corroborarse que todos hayan faltado por adherir al paro y no por enfermedad o alguna situación parecida", explicó.

Una vez concluida esa verificación, la Subsecretaría de Trabajo determinará si corresponde iniciar el procedimiento sancionatorio previsto por la Ley de Modernización Laboral. Marchese precisó que las eventuales multas recaerán sobre las organizaciones sindicales y no directamente sobre los trabajadores. "Las sanciones van contra el gremio y luego el empleador, en este caso el Gobierno, decidirá si se les descuenta o no", afirmó.

También explicó cómo se calcula el monto de las sanciones económicas. "Las multas se determinan con una fórmula que toma la cantidad de docentes involucrados, multiplicada por el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y ese resultado establece el monto que deberá afrontar el gremio", detalló.

La situación se produce luego del paro nacional convocado por CTERA, al que en San Juan adhirieron UDAP y AMET, mientras que UDA no comunicó formalmente su adhesión. El conflicto volvió a poner a prueba la aplicación de la normativa nacional que obliga a garantizar un piso del 75% de prestación del servicio educativo durante las medidas de fuerza.

Desde la Secretaría General de la Gobernación también habían anticipado que el Gobierno nacional solicitaría los registros de asistencia para verificar el cumplimiento de la ley y, con esa información, definir junto a las autoridades competentes si corresponde avanzar con las sanciones previstas. "Una vez evaluados los datos de asistencia e inasistencias, el Gobierno nacional va a reunirse nuevamente con los gremios y evaluará la aplicación de las sanciones correspondientes en los lugares donde no se haya llegado al 75% de asistencia", había señalado el secretario General, Emilio Achem.